La mayoría progresista del Tribunal Constitucional impone su criterio y allana la amnistía sin esperar a Europa
La sentencia califica de "irrelevante" el trasfondo político de la norma y desoye las peticiones del sector conservador, que defendían esperar a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunciase sobre el asunto. Se considera un paso clave que acerca la aprobación de la amnistía.
Conde-Pumpido y Pedro Sánchez
La amnistía ideada por Pedro Sánchez para pagar a sus aliados independentistas cada vez está más cerca a pesar de los intentos del Partido Popular por frenar su aprobación. Este martes la mayoría progresista del Tribunal Constitucional (TC) ha concluido que la Constitución no prohíbe expresamente la concesión de amnistías, lo que supone un paso decisivo para avalar la norma promovida por el Gobierno y que los populares recurrieron por considerarla inconstitucional. La deliberación se ha producido en un Pleno monográfico marcado por la división interna, la ausencia de dos magistrados clave y el rechazo por parte del ala progresista a esperar una respuesta de la justicia europea, concretamente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
La decisión del bloque progresista ha sido firme: el legislador puede aprobar leyes de amnistía al no existir una prohibición expresa en la Carta Magna. Así lo han defendido durante el debate del primer bloque del recurso interpuesto por el PP contra toda la ley. La ponencia ha recaído en la vicepresidenta del tribunal, la magistrada Inmaculada Montalbán, cercana al Ejecutivo y autora de un texto de 191 páginas que valida la norma impulsada por Pedro Sánchez como un ejercicio legítimo del poder legislativo.
La sentencia, cuyo sentido ya se conocía antes de ser repartida entre los magistrados —algo que ha generado fuerte malestar en el sector conservador—, es uno de los asuntos más controvertidos que ha abordado el Constitucional en los últimos años. Se debate sin "auténtica deliberación", según denunció el magistrado Enrique Arnaldo, quien reprochó al presidente Cándido Conde-Pumpido su gestión del Pleno y su negativa a extender el calendario de deliberación hasta julio, como había solicitado el sector minoritario.
El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, el presidente del Congreso, Pedro Sánchez, y la presidenta del Congreso, Francina Armengol.
Además, la mayoría progresista ha rechazado de plano las peticiones del PP, del Senado y de tres magistrados conservadores para elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea o al menos esperar a que se pronuncie sobre las ya planteadas por otros órganos judiciales. Una postura que ha acentuado la fractura interna y que refuerza la idea de que el TC ha optado por una validación rápida de la norma, sin atender a las garantías externas.
El Pleno, reducido a 10 magistrados por la abstención de Juan Carlos Campo y la recusación de José María Macías, ha mantenido una mayoría progresista de seis a cuatro. Campo, exministro de Justicia, se apartó de manera volutnaria por haber defendido que la amnistía era "claramente inconstitucional", mientras que Macías fue apartado a petición de la Fiscalía, alegando que ya se había pronunciado sobre la norma en su etapa en el CGPJ.
El exministro de Justicia, Juan Carlos Campo Moreno.
Montalbán ve "irrelevante" el trasfondo político de la ley
La ponencia de Montalbán sostiene que "el legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba explícita o implícitamente", rechazando que la prohibición de los indultos generales se aplique por analogía a la amnistía. Sobre el trasfondo político de la ley —criticada por el PP como una "transacción" para investir a Sánchez—, la magistrada lo considera irrelevante jurídicamente y defiende que no es un "capricho", sino una vía para "mayor paz ciudadana".
No obstante, da parcialmente la razón al PP en tres puntos: considera inconstitucional la asimetría entre quienes apoyaron y se opusieron al 'procés', rechaza una habilitación que podría amparar la repetición de delitos en el futuro y cuestiona que en el Tribunal de Cuentas solo se escuche a Fiscalía y organismos públicos antes de archivar causas.
La decisión final del TC se espera para el jueves o, como tarde, el viernes. Con la mayoría progresista firme y el rechazo a las garantías solicitadas por el sector conservador, todo apunta a que la ley de amnistía obtendrá el respaldo del Constitucional.
