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El exministro Montoro, imputado por presuntamente cambiar leyes para beneficiar a empresas gasistas

Un juez de Tarragona ha imputado al exministro de Hacienda del PP por supuestamente aprovechar su cargo para beneficiar a estas compañías que eran clientes de un despacho de abogados --Equipo Económico (EE)-- que había fundado antes de entrar en el Gobierno. Sigue en directo toda la actualidad de este miércoles 16 de julio de 2025.

El exministro de Hacienda y Función Pública Cristóbal Ricardo Montoro comparece ante la comisión de Investigación sobre la denominada ‘Operación Cataluña’.

El exministro de Hacienda y Función Pública Cristóbal Ricardo Montoro comparece ante la comisión de Investigación sobre la denominada ‘Operación Cataluña’.Ricardo Rubio / Europa Press

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Imputado el exministro Montoro por cambiar presuntamente leyes para beneficiar a empresas gasistas

Un juez de Tarragona ha imputado al exministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro, por presuntamente aprovecharse de su cargo para aprobar diversas leyes que beneficiaban a empresas gasísticas que eran clientes de un despacho de abogados --Equipo Económico (EE)-- que había fundado el ministro antes de entrar en el Gobierno, según consta en una auto publicado este miércoles.

En la trama están involucradas 28 personas y seis personas jurídicas por la presunta comisión de siete delitos: cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental, tal y como ha avanzado 'La Vanguardia'.

Según el auto dictado por el Juzgado de Instrucción 2 de Tarragona, "el uso de tales potestades habría permitido a Equipo Económico (EE) poder ofrecer a sociedades de distintos sectores reformas que beneficiasen sus intereses económicos, en menoscabo del sector público".

Las investigaciones, añade, "ponen de manifiesto la intencionalidad para aprobar una modificación 'ad hoc', es decir, que beneficiase exclusivamente a las gasísticas y dejase fuera a otros sectores cuyos costes de electricidad también superasen el lindar del 50% de los costes de producción".

Además, recoge también que "presuntamente hace uso de las potestades que le corresponden en la iniciativa legislativa de su Ministerio, lo que presuntamente aseguraría una ganancia al despacho EE".

Prisión provisional sin fianza para uno de los detenidos por desorden público en Torre Pacheco

La magistrada de guardia del Tribunal de Instancia de San Javier, titular de la plaza 5, ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, para uno de los detenidos en Torre Pacheco puestos hoy a disposición judicial, investigado por un delito de atentado contra la autoridad y por un delito de desorden, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia.

Un segundo detenido ha quedado en libertad provisional con medidas cautelares consistentes en la obligación de comparecer en el tribunal los días 1 y 15 de cada mes, la prohibición de tenencia y porte de armas y la prohibición de acudir o residir en el término municipal de Torre Pacheco. En ambos casos las medidas se ajustan a lo solicitado por el Ministerio Fiscal.

Una concentración en Oliva (Valencia) pide la dimisión de Mazón y él lo deja claro

El SUP se querella contra Ione Belarra por acusar a los policías de connivencia con "neonazis" en Torre Pacheco

Según ha explicado en un comunicado, el Sindicato Unificado de Policía ha decidido presentar la querella "para poner coto a la impunidad con la que se ataca a los hombres y mujeres del colectivo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, poniendo en riesgo el principio de autoridad y la propia integridad de los agentes".

En declaraciones a los medios durante su comparecencia ante los medios de comunicación en Torre Pacheco este martes, Belarra atribuyó los disturbios registrados en los últimos días en Torre Pacheco al "terrorismo de extrema derecha", al tiempo que aludió a Vox por la "autoría intelectual" de lo sucedido.

Tras arremeter contra la "inacción" del Gobierno, Belarra criticó directamente a los policías porque, en su opinión, han estado "compadreando con los neonazis en vez de proteger a los vecinos y las vecinas que tienen derecho a vivir con tranquilidad en su pueblo".

El SUP considera "gravísimas" las acusaciones de Ione Belarra y entiende que no deben quedar impunes, ya que "suponen una acusación generalizada y difamatoria contra las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sugiriendo la existencia de vínculos ideológicos entre los funcionarios públicos y grupos radicales neonazis".

El sindicato de la Policía Nacional censura a Belarra por "menoscabar el prestigio" de los agentes al vincularles con grupos neonazis y de ideología neofascistas "e incluso con una actuación racista, con temerario desprecio hacia la verdad, constituyendo la conducta tipificada por el artículo 504.2 del Código Penal".

Un juzgado de Madrid abre causa contra Leire Díez por presunto tráfico de influencias tras sus audios sobre la UCO

El Juzgado de Instrucción Número 2 de Madrid ha iniciado diligencias previas contra Leire Díez, exmilitante del PSOE, tras la difusión de unos audios en los que presuntamente ofrece favores a cambio de información comprometida sobre miembros de la UCO de la Guardia Civil y la Fiscalía. La denuncia fue presentada por la Asociación Escala Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC), que también apunta posibles delitos de cohecho y obstrucción a la justicia. Las fuentes jurídicas no descartan ampliar la investigación a otros delitos.

La denuncia implica también al abogado Jacobo Teijelo —defensor del exdirigente socialista Santos Cerdán— y a los empresarios Javier Pérez Dolset y Alejandro Hamlyn, ya acusados en distintas causas por fraude en la Audiencia Nacional. Según ASESGC, en las grabaciones se evidencia que Díez buscaba obtener información comprometedora sobre el teniente coronel Antonio Balas, quien investiga causas como el 'caso Ábalos', y que lo hacía supuestamente en nombre de cargos del PSOE.

ASESGC solicita que se tomen declaraciones a los implicados y que el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil analice los audios para comprobar su integridad y verificar la identidad de las voces. Además, se pide recabar los datos personales de Díez y Pérez Dolset mediante el Punto Neutro Judicial o, en su defecto, a través de la Dirección General de la Guardia Civil. La asociación afirma que su denuncia busca proteger la independencia y la reputación de la Guardia Civil, especialmente de la UCO.

Esta es la primera denuncia que da lugar a la apertura de una causa judicial contra Leire Díez en Madrid. Sin embargo, hay otras tres denuncias más interpuestas por diferentes organizaciones, como Hazte Oír, la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) e Iustitia Europa, que ya han sido asignadas a los juzgados de instrucción número 9, 26 y 44, respectivamente, y están pendientes de resolución.

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