Tercer noqueo de Bruselas a Sánchez en 72 horas: expedientado por intervenir en la OPA del BBVA al Sabadell

Pedro Sánchez no gana para disgustos esta semana procedentes de Bruselas. Si la Comisión Europea hacía un duro alegato contra la Ley de Amnistía y luego le acusaba de frenar la reforma de la ley electoral europea para favorecer al PNV, ahora le da otra estocada en menos de 72 horas anunciando un expediente con infracción a España por intervenir en la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell.

En concreto, la Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción contra España por la intervención del Gobierno de Pedro Sánchez en la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell. Bruselas acusa al Ejecutivo de vulnerar la Ley de Defensa de la Comptencia por llevar la OPA del BBVA al Consejo de Ministros violando los principios de libre circulación de capitales y de libertad de establecimiento recogidos en los Tratados.

Para la Comisión Europea, la medida de llevar la OPA del BBVA al Sabadell al Consejo de Ministros, que el Gobierno de Pedro Sánchez tomó el 27 de mayo, no está amparada por los motivos de interés general de la Ley de Competencia. Es decir, no había ningún motivo para hacerlo e intervenir en parar la fusión, considera Bruselas.

Ahí no acaba la estocada de Bruselas a Pedro Sánchez a cuenta de la OPA del BBVA al Sabadell. La Comisión Europea considera que hay otras dos leyes en España que no se ajustan al derecho europeo y que han sido básicas para parar la OPA, en concreto las normas que dan al ministro de Economía el poder de veto y decisión sobre fusiones, escisiones y adquisiciones totales o parciales. Bruselas pide “un cambio profundo” en estas normas.

Ahora, la Comisión Europea remitirá una carta a España con las exigencias planteadas, y el Gobierno tiene un plazo de dos meses para responder. Bruselas formulará un informe con la información que le mande el Gobierno de Pedro Sánchez y un dictamen sobre si sigue habiendo infracción o no y qué medidas habría que tomar. España tendrá otros dos meses para llevar a cabo los cambios que solicita Europa, y si no los hace, la UE podría llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.