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Caso Santos Cerdán: Anticorrupción señala a Servinabar como una empresa creada "ad hoc" para "lucrarse" con las obras
Los investigadores encontraron un documento en el que el exsecretario general del PSOE aparecía como el dueño del 45% de esta empresa que se habría beneficiado de adjudicaciones ilegales por parte de la trama del caso Koldo. Sigue en directo toda la actualidad de este jueves 17 de julio de 2025.
La esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez, junto al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
Anticorrupción señala a Servinabar como una empresa creada "ad hoc" para "lucrarse" con las obras cuestionadas
La Fiscalía Anticorrupción ha apuntado a Servinabar, la empresa de la que el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán sería dueño al 45%, según un contrato privado de compraventa con quien figuraba como único propietario, Antxon Alonso, como "una sociedad creada 'ad hoc' para lucrarse" con la obra de Mina Muga y "otras venideras" en Unión Temporal de Empresas (UTE) con Acciona "sin que conste ninguna contribución precisa a ellas".
Así se expresa el jefe de esta fiscalía especial, Alejandro Luzón, en el escrito donde se opone al recurso presentado por el que fuera director del departamento de Navarra y La Rioja de Acciona entre 2015 y 2019, Fernando Merino, donde insta al instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, a levantar las medidas cautelares que le impuso el 7 de julio: prohibición de salida del país, retirada de pasaporte y comparecencias quincenales en sede judicial.
En su escrito Luzón pone el foco en "la estrecha relación" que existía entre Merino y Koldo García, ex asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, del que dice que "resultó clave" para "la consecución de los objetivos empresariales de Acciona", por ser "de la plena confianza" de Ábalos y por su "capacidad de influencia" sobre los entonces director de Carreteras, Javier Herrero, y presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera.
Anticorrupción explica que Koldo y Merino "se conocieron en 2015 en Navarra, cuando este era el director del departamento de Navarra y La Rioja de Acciona, al hilo de la obra Mina Muga o Mina de Sangüesa (...) en la que esta empresa tuvo que presentarse formando UTE con la local Servinabar para conseguir la adjudicación, tal y como reconoció el propio Merino" en su declaración judicial de la semana pasada, cuando dijo que era una "condición necesaria".
Esto lleva al fiscal a aseverar que "Servinabar, vinculada a Antxon Alonso y a Santos Cerdán, es una sociedad creada 'ad hoc' para lucrarse en esta obra y en otras venideras, sin que conste ninguna contribución precisa a ellas".
"La relación entre Koldo García y Fernando Merino, a quien aquel llama 'Cordobés' o 'Cordo', se torna en estos años especialmente intensa", sostiene, indicando que el interés del ex directivo de Acciona en negar que ese fuera su apodo radica en que permite identificarlo "en las relaciones con el resto de los miembros de la presunta organización criminal".
Puigdemont pide amparo al Constitucional y que se levante la orden de detención
La defensa del expresidente Carles Puigdemont ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC), tras ser rechazada por la Justicia ordinaria la petición de nulidad de actuaciones presentada, y reclama que se levante la orden de detención que pesa sobre él.
En un escrito este jueves dirigido al TC y que ha adelantado 'Vilaweb', Puigdemont recurre los tres autos dictados por la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo y otros dos dictados por el magistrado instructor, después de que se le haya denegado la aplicación de la ley de amnistía a los hechos que se imputan por el 'procés', entre otros, un delito de malversación de caudales públicos.
La no concesión de la amnistía, indica la defensa en su escrito al TC, va en contra del criterio de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado. Contra el auto de 17 de junio de 2025, en el que se inadmite el incidente de nulidad de actuaciones promovido por la defensa de Puigdemont, "no cabe ningún otro recurso, ordinario o extraordinario y, en ese recurso se alegaron todas las vulneraciones de derechos fundamentales que aquí se pretende sean amparadas por este Tribunal Constitucional" explican.
Puigdemont argumenta ante el TC que se han vulnerado sus derechos a un juez ordinario y a la tutela efectiva.
España busca mañana respaldo político en los 27 para mantener viva la petición del catalán ante la falta de unanimidad
El Gobierno buscará este viernes en una reunión de ministros de la UE el respaldo político a avanzar en el estudio de su propuesta para el reconocimiento del catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales de la Unión Europea; tras varios intentos fallidos para que esta medida, que requiere el respaldo por unanimidad de sus socios, fuera sometida al voto de los 27 para su adopción.
Desde que el Gobierno pactó con Junts en agosto de 2023 defender la oficialidad del catalán en la UE como condición para la investidura de Pedro Sánchez, el asunto se ha incluido en la agenda de seis reuniones del Consejo de Asuntos Generales de la UE --cuatro bajo la presidencia de turno de España, cuando el Gobierno fijaba la agenda, otra cuando la presidencia rotatoria la ejerció Bélgica y una sexta, en mayo con Polonia--.
Ahora, algunas delegaciones ven un giro en el modo de operar del Gobierno al no insistir en la adopción inmediata y lo interpretan como una señal de "apertura y pedagogía", según explica a Europa Press un diplomático en Bruselas, aunque insisten en que para avanzar en la reflexión es necesario un "trabajo preliminar exhaustivo" que no se ha dado por ahora a nivel de 27.
Este giro puede ayudar a que la petición sea tomada más en serio, valoran fuentes diplomáticas, en tanto que no insiste en votar una medida que está muy lejos de la unanimidad requerida; por lo que puede servir para comprobar si hay una mayoría suficientemente amplia de Estados dispuestos a seguir explorando, por ejemplo en grupos de trabajo o encargando a la Comisión y al Consejo las evaluaciones de impacto que un buen número de socios reclama.
Montoro se da de baja del PP un día después de su imputación y los populares recalcan que es el único afiliado de los cargos investigados
El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro ha comunicado este jueves al Partido Popular su decisión de darse de baja en el Partido Popular, según ha informado la formación. Este paso se produce un día después de su imputación por presuntos favores a empresas gasistas.
En concreto, este miércoles un juez de Tarragona imputó al exministro de Hacienda por presuntamente aprovecharse de su cargo para aprobar diversas leyes que beneficiaban a empresas de gases industriales que eran clientes de un despacho de abogados --Equipo Económico (EE)-- que había fundado el ministro antes de entrar al Gobierno.
A través de un comunicado, el Partido Popular ha avanzado que Montoro "ha comunicado esta mañana su decisión de dejar su condición de afiliado del Partido Popular". El PP ha señalado además que el Comité de Derechos y Garantías del partido había decidido anoche la apertura de un procedimiento de información relacionado con este caso. Según ha añadido, ese procedimiento queda ahora en suspenso.
Los populares subrayan además que Montoro "era el único afiliado de los cargos investigados". En la trama están involucradas 28 personas y seis personas jurídicas por la presunta comisión de siete delitos: cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.
Fallece Javier Moscoso, ministro del primer gobierno de Felipe González que dio nombre a los días libres de funcionarios
El exministro de Presidencia en el primer gobierno de Felipe González (1982-1986) Javier Moscoso ha fallecido este jueves a los 90 años de edad en la localidad de Jávea (Alicante). Moscoso dio nombre a los días de libre disposición para los trabajadores de la Administración del Estado, conocidos como 'moscosos' y también fue diputado en el Congreso desde el inicio de la democracia, entre 1979 y 1986. Posteriormente fue designado fiscal general del Estado (1986-1990).
Nació en Logroño en el año 1934, estudió Derecho en la Universidad de Zaragoza y se diplomó en Derecho Comparado en la Universidad de Estrasburgo (Francia). Era doctor en Derecho, abogado del Estado y miembro de la Carrera Fiscal desde el año 1960, destinado durante más de 20 años como fiscal de la Audiencia Territorial de Navarra.
En las elecciones generales de 1979, las primeras de la democracia, fue elegido diputado por Unión de Centro Democrático (UCD) por Navarra y en 1982 fundó el Partido de Acción Democrática (PAD) que se terminó integrando en el PSOE un año después. Su hijo, Juan Moscoso, fue diputado del PSOE, también por la circunscripción de Navarra durante más de una década, entre 2004 y 2016.