Antxon Alonso se niega a responder, corrige a senadores, pide respeto y que se levante la sesión

A pocos minutos de que se cumplieran las 11 de la mañana, Joseba Antxon Alonso esperaba en la planta baja del Senado a que le acompañaran a la sala Clara Campoamor, donde se desarrollan las sesiones sobre la comisión del caso Koldo. Lo hacía con la chaqueta en la mano. Y sin desvelar la respuesta a la pregunta que le lanzábamos: "¿Va usted a declarar?".

Rápidamente salíamos de dudas. Nada más sentarse en la mesa y al concederle el presidente la palabra, el socio de Santos Cerdán sujeta un folio que lee: "Comparezco por obligación. Me acojo a mi derecho a no declarar". Ese es el resumen.

Aunque Alonso también se justifica explicando que su particular situación está judicializada y que al comparecer en calidad de investigado, se acoge al mismo mecanismo que otros imputados que han pasado por la Cámara Alta. "Tengo derecho a no declarar, como el resto de investigados". Incluso, Alonso ha solicitado que se levantara la sesión. A lo que el presidente de la comisión, Eloy Suárez de la Mata, se ha negado rotundamente, dando paso a la exposición de preguntas de los grupos parlamentarios.

"Intente ser más riguroso en los datos, por favor"

Aunque el momento más curioso ha llegado cuando se ha enzarzado con las preguntas lanzadas por parte del Partido Popular. "Intenten ser más riguroso en los datos, por favor", respondía el exsocio de Cerdán cuando le exponían la relación de empresas, transferencias y adjudicaciones vinculadas a Servinabar. 

"Me encantaría responder a todas las preguntas , pero no puedo". Alonso ha argumentado que como los presuntos delitos por los que se le investiga son prácticamente idénticos a los que intenta esclarecer la comisión, había tomado la decisión de comparecer sin tomar la palabra. Aunque la verdad es que le ha costado morderse la lengua. 

El expresidente de la SEPI, también citado

A las 16.00 horas será el turno de Vicente Fernández, expresidente de la SEPI que dejó el cargo por su imputación en el caso de Aznalcóllar y que, según han trasladado fuentes populares, fue contratado por Servinabar.

El Gobierno cesó en 2019 a Fernández como presidente de la SEPI después de que la Audiencia Provincial de Sevilla reabriera el caso sobre la adjudicación de la mina de Aznalcóllar y le imputaran por su anterior cargo como consejero de Innovación, Industria y Turismo de la Junta de Andalucía.

Durante su declaración ante el juez, el expresidente de la SEPI negó haber dado "instrucciones" a los funcionarios del concurso para la adjudicación de la explotación de la mina de Aznalcóllar a la agrupación México-Minorbis, que finalmente se llevó la obra.