El juez no ve delito en que Montoro accediera a información de expedientes tributarios de personalidades como Rodrigo Rato o NAdal

El senador de Compromís, Enric Morera, ha registrado la creación de una comisión de investigación en la Cámara Alta sobre la actuación del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro durante su etapa al frente del Ministerio entre 2011 y 2018, por su presunta implicación en un entramado de corrupción institucional que habría beneficiado fiscalmente a empresas privadas a través del despacho Equipo Económico, fundado por Montoro, como revela el informe de la instrucción judicial abierto en Tarragona.

"Según este informe, mientras el Gobierno de Mariano Rajoy imponía una política de austeridad extrema que afectó duramente a las clases trabajadoras, se habría facilitado desde el Ministerio de Hacienda un modelo de asesoramiento fiscal a medida, favoreciendo intereses privados a través de normas redactadas ad hoc, operaciones trianguladas con paraísos fiscales y una presunta connivencia entre estructuras funcionariales y redes privadas de consultoría fiscal", denuncia el senador valencianista.

El juez de Tarragona que instruye el 'caso Montoro', Rubén Rus, ha descartado que el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro cometiese un delito al tener acceso a información sobre los expedientes tributarios de personalidades conocidas como el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato o el exdirigente de Podemos Juan Carlos Monedero porque ese conocimiento formaba "parte de las funciones" que tenía "atribuidas".

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el instructor de la causa asegura que "el ministro está legitimado para conocer el contenido de los datos" que se le transmiten en materia fiscal. Según se desprende del sumario, habría sido el exdirector de gabinete de Montoro y ex subsecretario de Hacienda y Función Pública Felipe Martínez Rico el que remitió información tributaria al entonces titular del Ministerio.

Montoro, en concreto, habría obtenido presuntamente de la Agencia Tributaria información, entre otros, sobre Esperanza Aguirre, el tenista Rafael Nadal, la baronesa Thyssen y también relativa al caso de corrupción 'Gürtel' o al procedimiento en el que se investigaba a la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol.

El instructor descarta que el ministro incurriera en un delito de revelación de secretos en tanto que se trataron, únicamente, de "comunicaciones o daciones de cuenta" que realizaba su jefe de gabinete. "La información se realiza a través de correo corporativo, y es una información en la que participan exclusivamente el jefe de gabinete y el ministro, no se comparte con terceros. Examinados los correos, no consta que hayan sido utilizados para perjudicar al titular de los datos o a tercero, simplemente nos encontramos con una transmisión de información", apunta el juez.

La Sección Segunda (Penal) de la Audiencia Provincial de Granada ha acordado admitir a trámite parte del recurso planteado por el italiano Francesco Arcuri contra el archivo de una denuncia que presentó contra su expareja y madre de sus hijos Juana Rivas por la presunta comisión de un delito de sustracción de menores al incumplirse tras el receso navideño el pasado enero la vuelta del menor de ellos a Italia en cumplimiento de la guarda y custodia que tiene de él, de once años.

En el auto, con fecha de este jueves, un día antes de cuando está prevista la entrega por orden judicial del niño, que está con la madre en Maracena (Granada) desde entonces tras denuncias por supuestos malos tratos de Arcuri, se admite parcialmente el recurso de apelación al archivo que hiciera en su día, en concreto el 9 de mayo pasado, el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada de la denuncia del padre.

Esta denuncia también alegaba la presunta comisión de maltrato habitual y lesiones en el ámbito familiar, extremo este que la Audiencia rechaza investigar, según consta en el auto, al que ha tenido acceso Europa Press.

Francesco Arcuri denunciaba ante los tribunales italianos el pasado enero la sustracción de su hijo menor por parte de la madre tras expirar el plazo del 8 de ese mes fijado por la Corte de Apelación de Cagliari para que regresara con él tras las fiestas navideñas.

El pasado enero la autoridad judicial suspendía en Granada de forma provisional el regreso a Italia del niño tras las vacaciones de Navidad. Lo hizo a raíz de que el menor declarara haber sufrido presuntos episodios de violencia física y psíquica por parte de su padre y narrara "el terror" de regresar a su lado.