caso koldo
Antifraude destapa un sobrecoste de un millón en una obra impulsada por Pepe Blanco, firmada por Pardo de Vera y adjudicada por Ábalos
La estación de tren de Albal (Valencia) arrancó con su tramitación en 2011 con el Blanco encargado de Fomento y en 2019 fue formalizada mediante un convenio firmado por el alcalde socialista Ramón Marí Vila y la entonces presidenta de Adif. El contrato de adjudicación fue formalizado siendo ministro José Luis Ábalos.
La expresidenta de Adif y exsecretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera.
La Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) ha reflejado en un reciente informe un sobrecoste de más de un millón de euros en la construcción de la estación de ferrocarril de Albal (Valencia). Se trata de una infraestructura pública cuya tramitación arranca en 2011 bajo el entonces ministro socialista José Blanco, y que en 2019 fue formalizada mediante un convenio firmado por el alcalde socialista Ramón Marí Vila y la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera.
El informe, ya en manos del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente —instructor del caso Koldo—, revela que el Ayuntamiento de Albal pagó a Adif un importe superior en más de un millón de euros al coste real de la obra y al justiprecio de las expropiaciones. La adjudicataria fue la empresa Lantania SL y el contrato fue formalizado siendo ministro José Luis Ábalos. Parte de la financiación procedía de fondos europeos.
Entre las principales irregularidades detectadas, el informe destaca que el proyecto incumplió las determinaciones del PATRICOVA (el Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunidad Valenciana). La consecuencia: la estación no se inauguró en la fecha prevista debido a la riada provocada por la DANA del 29 de octubre de 2024, precisamente el mismo día en que supuestamente se recepcionaron las obras.
Sin embargo, en marzo de 2025 —cinco meses después— la certificación final del proyecto aún estaba pendiente de aprobación, lo que hace dudar de que la recepción del 29 de octubre fuera legalmente válida, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación.
La AVAF señala que no ha podido investigar en profundidad la forma en que se adjudicó y ejecutó la obra, ni los modificados que elevaron el coste en más de 800.000 euros, al tratarse de competencias que recaen directamente en Adif. Aun así, los indicios son suficientes para que el juez haya ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que incorpore la documentación al procedimiento judicial.
La Fundación Fiadelso, también bajo sospecha
Además de este caso, Antifraude ha remitido al juez un segundo expediente sobre la Fundación Fiadelso (Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social), en el que se concluye que incurre en causa de disolución por no haber aprobado sus cuentas anuales entre 2016 y 2020. El expediente identifica a los miembros del patronato desde 1992 hasta 2023, aunque no se han realizado investigaciones adicionales por considerar que tendrían carácter prospectivo.