Jumilla (Murcia) prohíbe actos religiosos de musulmanes y desata otra batalla política y social: "No es una simple decisión local"

Una decisión municipal en Jumilla (Murcia), una localidad de unos 28.000 habitantes, ha encendido una nueva chispa en el debate nacional sobre convivencia, religión y polarización política que lleva un tiempo presente pero que se avivó con lo sucedido en Torre Pacheco justo hace un mes. El Ayuntamiento, gobernado por el Partido Popular, aprobó el pasado 28 de julio una modificación de la ordenanza municipal (propuesta por Vox) para prohibir en los polideportivos municipales los actos religiosos, culturales o sociales ajenos al ámbito deportivo. 

La medida ha causado indignación entre la comunidad musulmana local, que solía celebrar en esas instalaciones actos como el rezo del final del Ramadán, y ha provocado un cruce de acusaciones entre Gobierno, PP y Vox. La localidad, conocida por su tradición vinícola y su heterogeneidad —conviven allí 72 nacionalidades y un 20 % de sus afiliados a la Seguridad Social son extranjeros—, se ha visto sacudida por esta polémica inesperada aunque muy actual en cuanto al fondo del debate.

La iniciativa municipal partió como una enmienda del PP a una moción inicial de Vox, que proponía de forma explícita la prohibición de celebraciones islámicas. Es decir, los populares, con sus cambios, concretaron que no se pueden celebrar actos religiosos (de cualquier religión) en instalaciones deportivas, destinadas precisamente a este fin.

Aunque la versión final no menciona a ninguna confesión religiosa en concreto, la comunidad musulmana se siente directamente afectada, al ser usuaria habitual de esos espacios. La votación fue posible gracias a la abstención de Vox y al voto de calidad de la alcaldesa, Seve González, quien ha intentado calmar las aguas asegurando que "no hay vetos por origen religioso" y que el resto de instalaciones municipales "siguen abiertas a toda la sociedad, incluida la musulmana".

Reacciones encontradas: calma vecinal frente a denuncia política

Pese a estas declaraciones, el malestar se ha extendido especialmente durante la primera parte del día, cuando se creía que la prohibición era expresamente para actos de la comunidad islámica. La comunidad musulmana local, de entre 2.000 y 3.000 personas según sus propios datos, ha anunciado una asamblea para mediados de septiembre con el objetivo de decidir qué medidas tomar. "También pagamos impuestos, también tenemos derechos", ha recordado Mohamed Benallal, líder del colectivo, que ha hecho un llamamiento a la calma durante las fiestas patronales y ha mostrado disposición a buscar "soluciones alternativas sin problemas".

Desde fuera del municipio, la reacción ha sido más crítica. La Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes ha denunciado lo ocurrido como una "deriva antidemocrática" y ha exigido al Gobierno que intervenga de inmediato. En un comunicado, advierten de que esta decisión "no es un hecho aislado, sino parte de una escalada de exclusión institucional que amenaza la convivencia democrática". Para la entidad, se trata de una forma de islamofobia institucional que vulnera tanto la Constitución como los acuerdos de cooperación entre el Estado y la Comisión Islámica de España.

La Conferencia Episcopal, por su parte, se ha alineado con la Comisión Islámica y ha recordado que la libertad de culto es un derecho fundamental garantizado por la Constitución española. "La limitación de la libertad religiosa atenta contra los derechos fundamentales de cualquier ser humano", han subrayado los obispos.

Choque político: el Gobierno acusa, el PP se defiende

Y desde el ámbito político, como suele ser habitual, lo sucedido se utiliza como arma contra el adversario. El Gobierno central ha calificado la decisión como una muestra más de la "deriva extremista y excluyente" de los pactos entre PP y Vox. La delegada del Gobierno en Murcia, Mariola Guevara, ha expresado que "no es una simple decisión local, sino una maniobra oscura profundamente racista".

En el otro lado, el Partido Popular defiende su actuación. El vicesecretario de Educación e Igualdad del partido, Jaime de los Santos, ha asegurado que el PP “es el partido de la libertad” y que siempre defenderán “las creencias individuales de cada uno”. Ha acusado tanto a Vox como al PSOE de querer “seguir polarizando” con discursos extremos.

Vox, por su parte, ha defendido que "cada espacio es para lo que es", en palabras de su portavoz en Jumilla, Juan Agustín Carrillo. "Si quiero rezar voy a la iglesia, si quiero jugar al tenis voy a las pistas", ha afirmado. Desde la oposición local, PSOE e IU-Podemos han denunciado que esta decisión responde a una estrategia de Vox que impone al PP políticas de ultraderecha, y han anunciado que estudian medidas legales contra la ordenanza.

Mientras tanto, Jumilla sigue siendo un municipio donde la convivencia entre culturas y religiones no había generado hasta ahora grandes tensiones. "Nunca hemos tenido problemas culturales o religiosos", ha afirmado la alcaldesa, que considera que todo se ha tergiversado "de forma intencionada".