Ofensiva del PP en España y Bruselas contra los contratos del PSOE con Huawei
Los populares cuestionan las adjudicaciones millonarias a la tecnológica china para sistemas judiciales y fronterizos, alertando de riesgos de espionaje y de un incumplimiento de las recomendaciones de seguridad europeas
Dolors Montserrat y Alberto Núñez Feijóo
El Partido Popular ha lanzado este fin de semana una ofensiva política contra el Gobierno por los contratos adjudicados en los últimos cinco años a la multinacional china Huawei, así como a la empresa de videovigilancia Hikvision. Según denuncian, se trata de adjudicaciones sospechosas en sectores “altamente sensibles”, como la gestión de escuchas judiciales y el control fronterizo en Ceuta y Melilla.
El detonante ha sido un contrato de 12,3 millones de euros para almacenar y gestionar comunicaciones intervenidas por orden judicial. El PP considera “una temeridad” confiar estos sistemas a una empresa que, subrayan, ha sido vetada en varios países occidentales por sus supuestos vínculos con el Gobierno chino.
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La formación ha solicitado al Tribunal de Cuentas un informe exhaustivo sobre todas las adjudicaciones a Huawei y Hikvision desde 2019. Además, exige la comparecencia urgente en el Congreso y el Senado de los titulares de Interior, Defensa, Justicia, Presidencia y Exteriores, así como del responsable de contratación del Ministerio de Hacienda, para dar explicaciones.
La polémica también ha saltado a Bruselas. La eurodiputada popular Dolors Montserrat ha pedido a la Comisión Europea y al Servicio Europeo de Acción Exterior que evalúen el impacto de estos contratos en la seguridad nacional y comunitaria. Según Montserrat, almacenar datos judiciales en tecnología de Huawei podría vulnerar las directrices europeas sobre ciberseguridad y protección de datos sensibles.
Bajo sospecha
El contexto internacional no es menor. Huawei ha sido objeto de investigaciones en varios países por presuntos casos de corrupción y espionaje industrial. En marzo, la Policía belga registró su sede en Bruselas en el marco de una causa sobre sobornos y falsificación documental en el Parlamento Europeo.
Desde el Ejecutivo, la respuesta ha sido tajante. Fuentes del Gobierno defienden que todos los contratos cumplen con el Esquema Nacional de Seguridad y con los estándares de la UE. Añaden que la información procesada está blindada contra cualquier acceso no autorizado.
El PP, sin embargo, insiste en que la cuestión va más allá de la legalidad contractual. A su juicio, el PSOE está comprometiendo la confianza de los socios estratégicos de España al otorgar a empresas chinas acceso a áreas críticas del Estado. La batalla, por tanto, no parece que vaya a limitarse a los despachos de Madrid, sino que apunta a prolongarse en los pasillos de Bruselas.