Feijóo va a por todas contra Begoña Gómez: el PP registra en el Congreso unas preguntas clave que cercan al Gobierno
El PP exige al Gobierno aclarar el uso de un ático de Muface en Madrid, alquilado por 850 euros a la familia de Begoña Gómez y presuntamente subarrendado de forma irregular como pensión.
Alberto Núñez Feijóo, en una imagen de archivo
El Grupo Parlamentario Popular ha registrado el pasado 11 de agosto una batería de preguntas en el Congreso con el objetivo de que el Gobierno aclare el uso que se está dando a un ático propiedad de Muface, ubicado en la sexta planta de un edificio en la calle San Bernardo de Madrid. Esta vivienda, según denuncia el PP, lleva décadas arrendada por poco más de 850 euros mensuales a la familia de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Los diputados populares Ángel Ibáñez Hernando, María Isabel Prieto Serrano, Llanos de Luna Tobarra y Pedro Muñoz Abrines han solicitado conocer quién figura actualmente como titular del contrato de alquiler, así como si la mutualidad tiene constancia de que la vivienda estaría siendo subarrendada sin autorización, en aparente incumplimiento de la normativa interna de la entidad.
Según detalla la iniciativa parlamentaria, los inquilinos estarían subarrendando el ático como si se tratara de una pensión, con hasta 14 habitaciones disponibles, generando ingresos anuales estimados en torno a los 46.000 euros, muy por encima del coste del arrendamiento original.
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Estas preguntas llegan tras una investigación de ESdiario, que reveló que Muface habría iniciado una revisión interna para determinar si se autorizó legalmente dicho subarriendo y si existen documentos que lo respalden. Tras el cierre del antiguo hostal que operaba en el inmueble en 2022, tras la pandemia, el ático fue dividido en tres apartamentos. De acuerdo con esta información, dos de ellos estarían alquilados a terceros, mientras que el tercero sería utilizado de manera esporádica por Enrique Francisco, tío de Begoña Gómez.
Muface, por su parte, no dispone de documentación que acredite haber autorizado estos subarriendos, a pesar de que sus propios protocolos exigen una solicitud formal y un informe técnico previo para cualquier cesión del uso del inmueble. La mutualidad ha iniciado una revisión de los contratos para verificar su legalidad y comprobar si el uso del ático se ajusta al declarado originalmente. No obstante, ha evitado en repetidas ocasiones facilitar la documentación solicitada por diversos grupos parlamentarios de la oposición.