La jueza de la DANA en el punto de mira del CGPJ: le abre diligencias informativas por una queja de la exconsejera imputada
El promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ricardo Conde, ha abierto diligencias informativas a la jueza a cargo de la investigación de la dana, Nuria Ruiz, a raíz de una queja presentada por la exconsejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, investigada en la causa.
El president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón,
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto diligencias informativas contra la jueza Nuria Ruiz, instructora del polémico caso sobre la gestión de la DANA, tras la queja presentada por la exconsejera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas. La dirigente del Partido Popular, actualmente investigada en esa causa, denunció graves vulneraciones de su derecho de defensa por parte de la magistrada.
Fuentes del CGPJ han confirmado que el promotor de la acción disciplinaria, Ricardo Conde, está analizando si existen motivos suficientes para incoar expediente disciplinario a la titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Catarroja (Valencia), o si, por el contrario, se archiva el asunto por carecer de base o por tratarse de una cuestión puramente jurisdiccional, al margen del control disciplinario del órgano de gobierno de los jueces.
Desde el entorno judicial se insiste en que la apertura de diligencias informativas no implica sanción ni presunción de infracción, aunque en este caso el trasfondo político y mediático da una dimensión distinta al procedimiento. Según publica OkDiario, la queja de Pradas fue presentada en mayo, argumentando que la magistrada estaba dirigiendo la investigación de forma sesgada, con resoluciones “categóricas sin base probatoria suficiente” y utilizando incluso “informaciones periodísticas no contrastadas” como sustento de sus decisiones.
El abogado de Pradas, Eduardo de Urbano (Kepler-Karst), denunció públicamente que se estaban cometiendo "irregularidades que vulneran derechos fundamentales" y "ponen en entredicho la equidad del procedimiento". En junio, la exconsejera amplió su reclamación tras recibir una transcripción resumida de su declaración judicial, de apenas 10 folios y sin incluir preguntas ni citas legales relevantes, lo que, según la defensa, afecta de forma directa a su derecho de defensa.