El Gobierno tiene una importante responsabilidad en los incendios: los de Feijóo llevan 3 años esperando una aprobación clave de Sánchez
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Los incendios forestales que asolan España este verano han vuelto a dejar en evidencia al Gobierno de Pedro Sánchez, que acumula tres años de retraso en una medida clave que él mismo impuso en 2022 tras la catástrofe de la Sierra de la Culebra, en Zamora. Mientras exige a las comunidades autónomas —muchas de ellas gobernadas por el PP— que cumplan estrictos planes anuales de prevención y extinción de incendios, el Ejecutivo central no ha hecho su parte: todavía no ha aprobado las directrices que debería haber elaborado para coordinar esa labor.
En agosto de 2022, en plena ola de incendios, el Consejo de Ministros aprobó un decreto ley de medidas urgentes que modificaba la Ley de Montes aprobada por el Gobierno de Aznar en 2003. Con la habitual urgencia mediática, el Ejecutivo de Sánchez impuso nuevas obligaciones a las autonomías, obligándolas a presentar planes anuales antes del 31 de octubre de cada año. Pero el propio Ministerio para la Transición Ecológica, dirigido entonces por Teresa Ribera, debía redactar y aprobar —previo consenso con las comunidades— las directrices técnicas necesarias para dar coherencia a esos planes. Tres años después, ese real decreto sigue sin ver la luz.
El resultado es una política de incendios caótica, con las comunidades cargando con el peso de la prevención y extinción mientras el Gobierno central elude su parte de responsabilidad. A pesar de exigir más a las regiones, especialmente a las gobernadas por el PP, Sánchez no ha cumplido ni sus propios compromisos, ni ha dado a las comunidades las herramientas legales que prometió.
Este nuevo incumplimiento se suma a la improvisación con la que el Ejecutivo ha gestionado la campaña contra incendios de este verano, incluyendo la contratación de personal inexperto en brigadas forestales. Mientras el fuego avanza, el Gobierno de Sánchez sigue apostando por la propaganda y el señalamiento político, en lugar de asumir su responsabilidad y actuar con la seriedad que exige una amenaza como los incendios forestales.