Robles otra vez en el punto de mira por el gasto en Defensa: en marcha al margen del Congreso en otra muestra más de "oscurantismo"
Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, ha exigido la comparecencia urgente de la ministra Margarita Robles al considerar que se ha vulnerado la Ley de Defensa Nacional. Piden explicaciones sobre unas cuentas que, según los populares, se han confeccionado al margen de las Cortes y de espaldas a la legalidad.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, durante su visita a la Brigada ‘Galicia’ VII, en la Base General Morillo, a 23 de agosto de 2025.
Entre las vacaciones a todo lujo de Pedro Sánchez y Begoña Gómez y la guerra entre Comunidades y Gobierno central en cuanto a los incendios que han arrasado España este mes de agosto, de nuevo vuelve a aparecer en escena el asunto del gasto en Defensa. A un fin de semana de que vuelva la actividad política, otra vez Margarita Robles vuelve a estar en el centro del huracán.
El Partido Popular vuelve a la carga tras conocerse este viernes que el Gobierno de Pedro Sánchez, a través del Ministerio de Defensa, ha hecho efectivo el incremento del presupuesto en más de 10.471 millones de euros sin someterse al control del Congreso. Los populares no están en contra de que se suba la inversión destinada a seguridad tal y como pide la OTAN, pero exigen mayor transparencia y consenso por parte del Ejecutivo.
Según ha denunciado la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, Sánchez está “incumpliendo” de manera flagrante la Ley de Defensa Nacional, que establece de forma inequívoca que este tipo de gastos deben contar con la aprobación parlamentaria. Sin embargo, tal y como hemos comentado estos meses, parte de sus socios están en contra de la medida y la tumbarían, evidenciando así, de nuevo, la fragilidad política de Sánchez.
Gamarra lo ha hecho público a través de un mensaje en la red social X, en el que advierte de que el Ejecutivo está financiando este gasto con reasignaciones presupuestarias, ahorros y partidas no ejecutadas de presupuestos anteriores, una maniobra que, a juicio de los populares, esconde la falta de apoyos del Gobierno entre sus propios socios parlamentarios. “El Gobierno incumple la ley por no contar con sus socios. Exigimos que Robles comparezca para que explique las cuentas de su ministerio y los compromisos adquiridos al margen de las Cortes”, ha señalado con firmeza la dirigente del PP.
El partido de Alberto Núñez Feijóo lleva meses exigiendo que el Congreso vote cualquier incremento en el presupuesto de Defensa, una posición que no solo mantiene la oposición, sino que también ha sido respaldada por algunos socios del propio Gobierno. De hecho, el pasado 26 de junio, el Pleno de la Cámara Baja aprobó una proposición no de ley impulsada por los populares en la que se reclamaba expresamente que cualquier subida en este ámbito fuese validada por las Cortes.
El reproche del PP llega apenas un día después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, presumiera en Berlín de que España ha alcanzado por primera vez el objetivo fijado por la OTAN en 2014: destinar el 2% del PIB a gasto militar. Robles calificó este hito como un “importantísimo esfuerzo” del Gobierno en favor de la Alianza Atlántica, pero lo cierto es que ese esfuerzo no ha pasado por el escrutinio democrático del Parlamento.
El método empleado por el Ejecutivo para cuadrar las cuentas ha sido recurrir a las partidas presupuestarias no ejecutadas, aprovechando que las cuentas siguen prorrogadas. Así, créditos de 2023 que no tienen correspondencia en 2025 o que difieren en cuantía se han reorientado para financiar el plan extra en Defensa, una fórmula que evita el debate parlamentario y reduce la transparencia.
La polémica no acaba ahí. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha querido zanjar cualquier especulación sobre un nuevo incremento del gasto militar en los próximos años, asegurando este viernes que España mantendrá el nivel actual en 2026. Montero ha descartado de plano alcanzar cifras superiores porque, según sus propias palabras, “implicaría recortes en servicios públicos”. Una afirmación que, para el PP, evidencia la falta de seriedad y la contradicción permanente del Gobierno en una materia de tanta trascendencia como la seguridad nacional.
La estrategia del Ejecutivo, por tanto, revela una doble debilidad: la incapacidad de Sánchez para convencer a sus socios de apoyar un aumento en Defensa y la tentación de gobernar al margen del Congreso, esquivando los mecanismos de control democrático. Frente a ello, el PP ha dejado clara su postura: la ley es clara, el gasto en Defensa requiere aval parlamentario y cualquier otra vía supone una vulneración de la legalidad vigente.