la titular del juzgado de instrucción nº 19 de Madrid, inmaculada iglesias
Nacho Cano se querella contra la jueza que instruyó el 'Caso Malinche' por presunta prevaricación
El caso contra el artista fue archivado por falta de indicios de delitos contra trabajadores y extranjeros. La defensa denuncia irregularidades en el atestado policial y obstáculos al derecho de defensa, incluyendo la negativa a practicar diligencias de prueba.
Nacho Cano.
Nacho Cano ha interpuesto una querella contra la jueza Inmaculada Iglesias por un presunto delito de prevaricación relacionado con la investigación que esta dirigió contra el productor musical por supuestas irregularidades en el espectáculo Malinche.
Según el documento judicial se solicita que la magistrada sea citada como querellada por un delito de prevaricación, que conlleva una multa de entre doce y veinticuatro meses, así como la inhabilitación especial para empleo o cargo público durante un período de diez a veinte años.
El escrito incluye como prueba la grabación de la declaración de la subinspectora de trabajo que redactó el informe de la inspección realizada el 27 de junio de 2024, un documento clave para el archivo del caso.La querella se presenta tras la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de archivar provisionalmente el caso, al considerar que no existían indicios suficientes de que los imputados intentaran introducir de manera irregular a ciudadanos mexicanos que participaron en el musical en España.
La Sala concluyó que no había pruebas suficientes de delitos contra los derechos de los trabajadores o de los extranjeros, independientemente de si se cumplieron o no los requisitos administrativos, aspecto que correspondería evaluar en otra jurisdicción y que no justificaba una investigación prospectiva.
"Presunciones equivocadas"
En la querella, la defensa de Cano, el despacho Cremades & Calvo-Sotelo, argumenta que el atestado policial que dio inicio al caso partió de supuestos erróneos, como la aplicación incorrecta de la normativa vigente y la consideración de los estudiantes como trabajadores en situación irregular.
"Basándose en esas presunciones equivocadas, se elaboró un atestado lleno de irregularidades, con actuaciones policiales destinadas únicamente a justificar la detención de mi representado", indica el texto.
Lesly Ochoa.
Los abogados señalan que existen diecisiete denuncias por delitos de coacciones, amenazas y falsificación de documentos públicos (atestado) relacionados con el procedimiento tramitado en el Juzgado de Instrucción número 19, María Inmaculada Iglesias, ya que las irregularidades en el atestado y en la actuación policial constituyen, según la defensa, un grave delito contra la administración de justicia que requiere una investigación conjunta. Sin embargo, la jueza rechazó las solicitudes de inhibición presentadas por otros juzgados en relación con estas denuncias.
La defensa añade que ha enfrentado serios obstáculos para ejercer el derecho de defensa reconocido en el artículo 24 de la Constitución Española, debido a la constante negativa a permitir el acceso y la práctica de diligencias de prueba consideradas necesarias, útiles y pertinentes, así como por la evidente parcialidad de la jueza querellada.