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El fiscal general acaba en el banquillo y con fianza de 150.000 euros como un presunto delincuente más
El Tribunal Supremo abre juicio contra Álvaro García Ortiz por la filtración de datos de la pareja de Ayuso en una situación histórica del primer máximo responsable del Ministerio Público que se sienta en el banquillo
El fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.
Situación judicial histórica en España. El magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha dictado auto de apertura de juicio oral contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que se convertirá así en el primer máximo responsable del Ministerio Público que se sienta en el banquillo de los acusados en la historia de nuestro país. Por el momento ha rechazado suspenderle cautelarmente porque hay un "vacío legal" que le impide acordarlo ya que la norma que regula la suspensión de los fiscales, el artículo 145.1 del Reglamento Orgánico del Ministerio Fiscal, no prevé que deba aplicarse al jefe del Ministerio Público.
El caso gira en torno a la presunta filtración de un correo electrónico confidencial del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. En ese mensaje, remitido en febrero de 2014 a la Fiscalía de Delitos Económicos, su defensa reconocía la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública, en el marco de un proceso de negociación para alcanzar un pacto.
La polémica estalló cuando ese documento acabó en manos de la Cadena SER y, posteriormente, desde la propia Fiscalía se difundió una nota de prensa con todos los detalles de las conversaciones reservadas entre el abogado de González Amador y los fiscales.
El magistrado Ángel Hurtado, respaldado por la Sala de Apelaciones, ha concluido que estos hechos son constitutivos de delito al haber revelado, en su condición de fiscal general del Estado, secretos de los que pudo haber tenido conocimiento por razón de su cargo, como presumible autor de un delito previsto y penado en el artículo 417 Código Penal cometido por un funcionario público, Álvaro García Ortiz, al que impone una fianza de 150.000 euros, a pagar en un plazo máximo de 5 días, aunque rechaza la petición de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) de suspenderle cautelarmente de sus funciones.
Con esta decisión, el fiscal general deberá preparar su defensa para un juicio que se celebrará previsiblemente en noviembre, en la sede del propio Supremo. El tribunal estará compuesto por siete magistrados de gran peso: Andrés Martínez Arrieta, que presidirá la Sala, junto con Manuel Marchena, Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo, Carmen Lamela, Susana Polo y Ana Ferrer. El futuro inmediato de Álvaro García Ortiz queda ahora en manos de un proceso inédito, que abre un precedente en la cúpula de la Justicia española.
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