Presuntas víctimas de 'CryptoSpain' exigen justicia: cuestionan su Lujo y el robo de 1,3 millones

Las presuntas víctimas del empresario Álvaro Romillo, investigado en la Audiencia Nacional por una supuesta estafa masiva de más de 200 millones de euros a través de Madeira Invest Club (MIC), han intensificado sus acciones legales tras el asalto a su domicilio en Ciudadcampo (Madrid) el 11 de agosto, donde le robaron 1,3 millones de euros en criptomonedas, 250.000 euros en efectivo, relojes y joyas. La entidad financiera, gestionada por Romillo junto a su familia y personas cercanas, fue declarada fraudulenta por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), afectando a numerosos exinversores.

Representados por Zaballos Abogados, que defiende al 90 % de las víctimas, los afectados han presentado un recurso de apelación contra la decisión del juez José Luis Calama Teixeira, del Juzgado Central de Instrucción 4, por no citar a declarar a Romillo ni a su pareja, Mihaela Munteanu Manole, ni plantear su prisión provisional, pese a casi un año de instrucción. 

Esta inactividad judicial, comparada con casos como FxWinning o Arbistar, ha generado indignación entre las víctimas, que consideran que los investigados manejan grandes sumas en efectivo, joyas y criptomonedas, fáciles de ocultar, lo que aumenta el riesgo de fuga y destrucción de pruebas.

El supuesto robo, ocurrido tras el regreso de la pareja de Ibiza en un jet privado y una limusina Maybach, ha levantado sospechas de un posible robo simulado. Los abogados Emilia Zaballos y Francisco Manuel Jiménez Aguilera han solicitado al juez que investigue el origen del patrimonio de Romillo, que le permite mantener un estilo de vida lujoso, con jets privados, un yate adquirido en noviembre y residencias en urbanizaciones de élite, a pesar de un embargo de 270 millones de euros. También han pedido a AENA información detallada sobre el vuelo privado y a la empresa propietaria del chalé datos sobre los alquileres, diligencias que el juez denegó, motivando el recurso.

Además, los letrados han logrado que la Audiencia Nacional solicite el atestado del caso, investigado en Alcobendas, y han destacado que Romillo no ha entregado la documentación contable requerida, además de haber ocultado 56 vehículos en naves alquiladas y seguir captando fondos con falsas promesas. Los fondos defraudados podrían estar en «wallets frías» o usar «mixers» para borrar su rastro, complicando su recuperación. Las víctimas exigen que la justicia actúe con celeridad en este caso, considerado una carrera contrarreloj, para que los responsables rindan cuentas mientras el silencio de los investigados persiste.