Baltasar Garzón no volverá a ser juez: el CGPJ le cierra la puerta a expensas de la decisión final

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dado este miércoles un paso decisivo para alejar de forma definitiva a Baltasar Garzón de la judicatura. Por unanimidad, el Pleno del órgano de gobierno de los jueces ha ratificado la denegación de la medida cautelar solicitada por el exmagistrado, que pretendía suspender los efectos de los acuerdos que le expulsaron de la carrera judicial en 2012. Esta decisión, tomada en un clima de aparente consenso institucional, cierra aún más las puertas a su regreso, aunque el fondo de la cuestión se resolverá en un próximo Pleno, previsiblemente antes de que Garzón cumpla los 70 años el próximo 26 de octubre, edad de jubilación forzosa.

La trayectoria de Baltasar Garzón, marcada por casos emblemáticos como las investigaciones contra el narcotráfico en Galicia o la persecución de Pinochet en el extranjero, se vio truncada hace más de una década por una condena que aún resuena en los pasillos judiciales. En febrero de 2012, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo le impuso 11 años de inhabilitación por un delito de prevaricación dolosa en el marco del caso Gürtel, la macrocausa de corrupción que él mismo había destapado. Los siete magistrados del alto tribunal consideraron probado que Garzón autorizó de forma ilegal las escuchas de las conversaciones entre los imputados en prisión y sus abogados defensores. El auto judicial incluyó un inciso explícito que extendía la medida a “cualesquiera otros que en el futuro puedan asumir la defensa”, una actuación que el Supremo tildó de vulneración frontal al derecho de defensa, pilar fundamental de cualquier proceso penal justo.

Aquella sentencia no solo significó la pérdida inmediata de su cargo como titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, sino también su expulsión definitiva de la carrera judicial. El CGPJ, en cumplimiento estricto del fallo supremo, ejecutó la medida mediante acuerdos que apartaron a Garzón del escalafón de jueces. Desde entonces, el exmagistrado ha librado una batalla jurídica incansable para revertir lo que considera una injusticia, recurriendo incluso al Tribunal Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sin éxito en ninguno de los casos.

El último capítulo de esta saga se remonta al 17 de junio pasado, cuando Garzón, a escasos meses de la jubilación, presentó ante el CGPJ una solicitud de revisión de oficio de los acuerdos de 2012. Su estrategia se sustentaba en dos pilares: la declaración de extinción de responsabilidad criminal emitida por el Supremo el 25 de noviembre de 2021, con efectos retroactivos desde el 1 de mayo de ese año, y un dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU, emitido el 13 de julio de 2021. Este organismo internacional, integrado por juristas de diversos países, calificó de “arbitraria” la condena por prevaricación, alegando falta de imparcialidad en el tribunal y ausencia de segunda instancia. Garzón argumentaba que este pronunciamiento internacional obligaba a una reparación integral, incluyendo la anulación de su inhabilitación y su readmisión como magistrado, al menos de forma simbólica, para evitar jubilarse sin haber limpiado su nombre.

Sin embargo, la respuesta institucional ha sido firme y unánime. La Comisión Permanente del CGPJ, en su reunión del 22 de julio, rechazó de plano abrir la revisión, argumentando que el Consejo carece de competencias para invalidar una sentencia firme del Supremo. Los vocales subrayaron que sus acuerdos de 2012 no fueron más que la ejecución mecánica del fallo penal, sin margen para reinterpretaciones. Garzón no cejó en su empeño y, el 1 de agosto, recurrió en alzada esta decisión, solicitando además una suspensión cautelar de los efectos del rechazo para ganar tiempo ante la inminente jubilación. La Comisión Permanente denegó esta medida el 18 de agosto, y el Pleno de este miércoles ha confirmado esa postura por unanimidad, dejando en el aire solo el examen del fondo en una sesión venidera.

Fuentes cercanas al CGPJ consultadas insisten en que las perspectivas de éxito para Garzón son remotas. El órgano de gobierno de los jueces mantiene que, mientras la sentencia del Supremo no sea anulada –un escenario improbable dada su firmeza–, los acuerdos de expulsión siguen vigentes. Además, el dictamen de la ONU, aunque relevante en el ámbito de los derechos humanos, no tiene carácter vinculante en el ordenamiento español, según reiterada jurisprudencia. En paralelo, la Fiscalía ha apoyado en la Audiencia Nacional la borradura de antecedentes penales y una indemnización para Garzón, reconociendo la posible vulneración de derechos fundamentales, pero esto no altera la validez de la condena ni abre la puerta a la reincorporación.

El caso de Garzón ilustra las tensiones inherentes al sistema judicial español, donde la independencia de los tribunales choca a menudo con demandas de reparación internacional. Su regreso, que podría haber sido un gesto simbólico de reconciliación, parece ahora un espejismo. Con la decisión final pendiente de un Pleno que no se demorará, el exjuez deberá conformarse con su legado controvertido: un referente de la lucha contra la impunidad que pagó caro su osadía. La judicatura española, por su parte, cierra filas en defensa de sus precedentes, priorizando la estabilidad sobre la revisión de errores pasados.