Pablo Iglesias no quiere que sus hijos vayan al colegio con marroquíes y los tuyos sí: lo dijo él mismo

“Los que van a un colegio privado no quieren que sus hijos se mezclen con gitanos, con marroquíes y con ecuatorianos”, es una frase de Pablo Iglesias con la que pontificaba en contra de la educación privada, frase que vuelve a estrellarse contra la realidad cuando se ha descubierto que el ex vicepresidente segundo del Gobierno y fundador de Podemos ha decidido junto a Irene Montero matricular a dos de sus hijos en un exclusivo colegio privado a las afueras de Madrid.

Los hijos de Pablo Iglesias e Irene Montero van a un colegio privado con cuotas de 500 euros mensuales, grupos reducidos, laboratorios de última generación, auxiliares de conversación en inglés, viajes de esquí y talleres de cocina y robótica. Todo muy alejado de la imagen de escuela pública igualitaria que siempre ha defendido el ex líder de Podemos y que llegó incluso a prometer cuando era candidato: “he votado en un colegio público al que irán el día de mañana mis hijos”. Ya lo vemos, ya.

La hemeroteca del fundador de Podemos contra los colegios privados como el que ahora van sus hijos es rica. Pablo Iglesias ha tachado a la educación privada de ser “un atraco de los ricos a los pobres” y un “mecanismo de segregación social”. También la pareja de Irene Montero ha insistido en que ese modelo educativo sólo busca “crear burbujas de niños rubitos para los que sus padres pueden pagar estancias en Irlanda”.

Ahora, los propios hijos de Pablo Iglesias forman parte de esa minoría privilegiada. La misma incoherencia que en 2018, cuando él e Irene Montero compraron el ya famoso chalé de Galapagar con piscina privada, una decisión que supuso la mayor crisis interna de Podemos y que obligó a someterse a una consulta de bases para tratar de salvar su credibilidad después de prometer que vivirían en su piso de Vallecas y denunciar las casas de ministros del PP.

Ni Pablo Iglesias ni Irene Montero han querido responder por qué han optado por un colegio privado que choca de lleno con sus principios políticos. Fuentes de Podemos se limitan a alegar “motivos de seguridad”, mientras que sus enemigos de Sumar rehúsan hacer cualquier comentario. Lo curioso es que el ex vicepresidente llegó a impulsar desde el Gobierno, con la Ley Celaá, medidas que castigaban a la concertada, como la prohibición de ceder suelo público a estos centros o la retirada de financiación a los que segregaban por sexos. Todo ello bajo la bandera de una “red única de educación pública” que, en la práctica, parece no ser suficiente para sus propios hijos.