Otro fracaso: ni el Gobierno va a votar unido la ley de Sánchez y Puigdemont que transfiere a Cataluña las competencias en inmigración

La propuesta de ley pactada entre el PSOE y Junts para delegar competencias en materia de inmigración a la Generalitat de Cataluña se estrellará este martes contra un muro de desunión en el propio Gobierno. Lo que nació como una concesión del Ejecutivo de Pedro Sánchez para apuntalar su frágil mayoría parlamentaria tras la investidura se ha convertido en un polvorín ideológico que divide a la izquierda y revive las acusaciones de racismo. Sumar, socio clave de la coalición, ha dado libertad de voto a sus diputados, permitiendo que algunos se desmarquen del criterio oficial de apoyo a la admisión a trámite. Mientras, Podemos ya ha anunciado su voto en contra, sellando el fracaso previsible de la iniciativa en el Pleno del Congreso.

La dirección de Sumar, liderada por Yolanda Díaz, ha optado por esta flexibilidad argumentando que su posicionamiento no resulta decisivo. Según la portavoz en la Cámara baja, Verónica Martínez Barbero, el voto del grupo no alterará el resultado final: "Siempre que no haya ausencias, habría un empate en el Pleno, lo que entraña por reglamento la automática inadmisión de la proposición de ley". De los 350 escaños, el bloque del 'no' —formado por Podemos (4 diputados), PP (137), Vox (52) y UPN (1)— suma 194 votos, más que suficientes para bloquear el texto. El sí del PSOE (107), ERC (7), Bildu (6), PNV (5), BNG (1) y Junts (7) apenas alcanza los 133, y con Sumar (31) podría empatar a 175, pero el reglamento favorece el rechazo en caso de igualdad.

Esta decisión de Sumar no es un gesto de neutralidad, sino una concesión a las crecientes tensiones internas. Barbero ha defendido la esencia de la propuesta como un avance hacia una "organización confederal del Estado", subrayando que la descentralización de competencias en inmigración permitiría una "mejor gestión a través de la administración más cercana al territorio". Ha rechazado las críticas que ven "algo detrás" en el texto, en alusión a las acusaciones de xenofobia lanzadas por Podemos. "La norma versa sobre una mera gestión competencial", ha insistido, aunque ha admitido que presentaría "muchas enmiendas" para corregir referencias en la exposición de motivos que critica "profundamente". Para ella, desmarcarse es "seguramente innecesario, pero respetable desde el punto de vista político".

Sin embargo, la fractura en Sumar es innegable y expone las fisuras de un espacio plurinacional que Díaz ha intentado cohesionar. El diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ya ha confirmado que romperá la disciplina y votará en contra o se abstendrá, argumentando que el texto va más allá de lo competencial y contiene "tintes racistas" en su preámbulo. Esta posición contrasta con la de su compañera Àgueda Micó, que abandonó el grupo para integrarse en el Mixto y sí apoyará la admisión, aunque con reservas: "Estamos a favor de un mayor traspaso de competencias a las autonomías, pero presentaremos enmiendas porque no nos gustan ciertos tintes racistas en la exposición de motivos". IU, por su parte, mantenía la incertidumbre hasta esta mañana, detectando "referencias xenófobas" que habría que corregir, pero inclinándose hacia el sí. Más Madrid, otro pilar de Sumar, califica la propuesta como un "mal precedente" y no ha desvelado su voto, mientras fuentes cercanas señalan reticencias en el diputado de la Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo.

El detonante de esta crisis es, sin duda, el rechazo frontal de Podemos, que ha calificado la ley de "racista" y con "clara intencionalidad xenófoba". La secretaria general, Ione Belarra, ha respondido directamente a Junts: "Es una ley racista que tiene clara intencionalidad xenófoba". Su portavoz, Pablo Echenique, ha reiterado que "para hacer políticas racistas no se puede contar con nosotros". Irene Montero, eurodiputada morada, ha profundizado en la crítica: "Cuando preguntas a Junts cuál es la motivación, no te hablan de autogobierno, sino de 'descontrol migratorio'. En el Estado español lo que hay es un problema de descontrol de racismo institucional". Podemos ve en el texto una concesión del PSOE a la "derecha nacionalista catalana" para competir con Aliança Catalana en el terreno antiinmigración, citando frases de Carles Puigdemont como "sin integración no hay nación".

Desde Junts, el malestar es palpable. La portavoz Míriam Nogueras ha presionado a la izquierda: "Quedan horas para la votación y la izquierda española tiene dos opciones: dejar de llamar racistas a millones de catalanes que reclaman gestionar el descontrol migratorio o votar con PP y Vox". Jordi Turull, secretario general, ha criticado a Podemos por vetar el traspaso y ha insinuado una revisión de la relación con el PSOE "este otoño", descartando ya su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado. El bloqueo tensa aún más los lazos: Junts debate abandonar las reuniones periódicas con verificador en Suiza, y Puigdemont ha convocado a su ejecutiva en Waterloo para trazar una estrategia de contraataque.

En Moncloa, el revés se vive con resignación. Fuentes gubernamentales exploran vías alternativas para aprobar "una parte" de la cesión mediante decretos o enmiendas a leyes futuras, evitando que el fracaso erosione más la relación con los independentistas. El PSOE, por su boca de la portavoz Patricia Hernández, resta hierro: "Se reclama más autogobierno y no hay que dramatizar". Pero el daño está hecho. Esta ley, pactada hace seis meses a cambio de la abstención de Junts en decretos clave, no solo fracasa por falta de votos, sino porque revela la fragilidad de un Gobierno que depende de alianzas imposibles. Cataluña no está preparada para asumir estas competencias —requeriría más personal y cambios normativos—, y el debate ha avivado el fantasma del racismo en un momento en que la ultraderecha catalana gana terreno.

El Pleno de este martes será un fiel reflejo de la izquierda hecha trizas: un sí oficial de Sumar que se deshilacha, un no ideológico de Podemos y un PSOE atrapado en sus concesiones. Sánchez, una vez más, navega entre la necesidad de pactos y el riesgo de perder el rumbo. Si la inmigración es un "problema de descontrol", como dice Junts, el verdadero descontrol es el de una coalición que no logra votar unida ni en su propia casa.