Caso 'CryptoSpain': La carrera contrarreloj para recuperar 260 millones y desenmascarar a Romillo

Más de 1.000 personas afectadas por la presunta estafa piramidal de Madeira Invest Club (MIC) creada por Álvaro Romillo 'CryptoSpain' presentaron una demanda colectiva en septiembre de 2024 en la Audiencia Nacional. La suma de directo perdido por los afectado superaría los 260 millones de euros. Ya en el mes de mayo de 2023 fue definido como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como «chiringuito financiero». Pronto el asunto pasó de la prensa judicial a la política. Romillo reconocía que había entregado 1000.000 euros a Luis 'Alvise' Pérez, creador de la polémica plataforma electoral 'Se Acabó La Fiesta' (SALF) con la que irrumpió en 2024 en el parlamento europeo con tres escaños. Si el dinero se utilizó o no para financiar ilegalmente la formación política de Pérez ha pasado a ser el centro del discurso.

Así, la Asociación de Usuarios de Criptomonedas ha dado la sorpresa al anunciar que solicita al instructor del Tribunal Supremo en esta causa, Julián Sánchez Melgar, solicite autorización al Parlamento Europeo para investigar a Luis ‘Alvise’ Pérez por la presunta financiación irregular. Sin embargo, esta asociación, con poco más de 100 presuntos afectados, no tiene nada que ver con la demanda colectiva que desde hace más de un año intenta acorralar judicialmente a Álvaro Romillo.

Los abogados Emilia Zaballos y Francisco Manuel Jiménez que defiendo los intereses de los afectados en la causa que se instruye en la Audiencia Nacional lo tienen claro. "Esto lo que hace es entorpecer el proceso. Desde el principio hemos querido separar las dos causas. Eso dinero [los 100.000 euros que Romillo reconoce haber entregado a Alvise Pérez] ya se ha recuperado. Que se utilice o no para una financiación ilegal no tiene nada que ver. Es otra situación distinta. Nosotros buscamos el resarcimiento económico de los afectados. Hablamos de 260 millones de euros y todo esta situación ha hecho que se pierda un tiempo importante a pesar del trabajo impecable de la UDEF y de la UCO que incluso en un informe reconocen que nuestra intervención ha sido importante", explican.

"Hay respuestas que nos hemos podido obtener, como los famosos viajes de Romillo en avión privado. ¿Quién pagó eso si no había dinero? Creemos que se ha podido incurrir en un delito de alzamiento de bienes y nuestro objetivo es seguir la pista del dinero. En Singapur sabemos que hay 29 millones de euros", señalan.

Un robo bajo sospecha

El pasado mes de agosto Álvaro Romillo denunció un robo su casa de Ciudadcampo (Madrid). Asegura que le robaron 1,3 millones de euros en criptomonedas, 250.000 euros en efectivo, relojes y joyas. Los afectados, representado por Zaballos y Jiménez, presentaron un recurso de apelación contra la decisión del juez José Luis Calama Teixeira, del Juzgado Central de Instrucción 4, por no citar a declarar a Romillo ni a su pareja, Mihaela Munteanu Manole, ni plantear su prisión provisional, pese a casi un año de instrucción.

El supuesto robo, ocurrido tras el regreso de la pareja de Ibiza en un jet privado y una limusina Maybach, ha levantado sospechas de un posible robo simulado. Los abogados Emilia Zaballos y Francisco Manuel Jiménez Aguilera han solicitado al juez que investigue el origen del patrimonio de Romillo, que le permite mantener un estilo de vida lujoso, con jets privados, un yate adquirido en noviembre y residencias en urbanizaciones de élite, a pesar de un embargo de 270 millones de euros. También han pedido a AENA información detallada sobre el vuelo privado y a la empresa propietaria del chalé datos sobre los alquileres, diligencias que el juez denegó, motivando el recurso.

Además, los letrados han logrado que la Audiencia Nacional solicite el atestado del caso, investigado en Alcobendas, y han destacado que Romillo no ha entregado la documentación contable requerida, además de haber ocultado 56 vehículos en naves alquiladas y seguir captando fondos con falsas promesas. Los fondos defraudados podrían estar en «wallets frías» o usar «mixers» para borrar su rastro, complicando su recuperación. Las víctimas exigen que la justicia actúe con celeridad en este caso, considerado una carrera contrarreloj, para que los responsables rindan cuentas mientras el silencio de los investigados persiste.