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El hermano de Sánchez recibió asesoramiento del Estado para evitar ser localizado por Hacienda

Durante meses permaneció fuera del alcance fiscal ocultando su rastro digital, una maniobra imposible sin apoyo interno, que alimenta sospechas sobre la protección privilegiada que disfruta la familia del presidente del Gobierno

David Sánchez/Azagra, hermando de Pedro Sánchez

David Sánchez/Azagra, hermando de Pedro SánchezEUROPA PRESS

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Mariola López

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El último escándalo que salpica al entorno familiar del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vuelve a evidenciar el uso partidista y clientelar de las instituciones. Su hermano, David Sánchez, permaneció cuatro meses sin teléfono móvil para evitar ser geolocalizado por Hacienda, un comportamiento inédito para cualquier ciudadano común.

Tal y como reveló el periodista Alejandro Entrambasaguas en El Debate, el hermano del jefe del Ejecutivo se apartó voluntariamente de todo rastro digital, manteniéndose incomunicado y sin dispositivos electrónicos en pleno siglo XXI. Una decisión calculada que plantea una pregunta obvia: ¿quién le indicó cómo hacerlo?

La sofisticación de la maniobra resulta difícil de explicar sin acceso a información reservada. Los sistemas de control de la Agencia Tributaria no solo utilizan los terminales telefónicos, sino también movimientos bancarios y patrones de consumo. El ciudadano de a pie desconoce estos procedimientos, pero David Sánchez los sorteó con sorprendente precisión.

Inquientante respuesta

De ahí que las sospechas apunten a algún despacho oficial. ¿Fue el propio presidente quien, desde Moncloa, le alertó? ¿Procedió la instrucción del Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero? ¿O salió de la Consejería de Hacienda de la Junta de Extremadura, entonces bajo la dirección de la socialista Pilar Blanco-Morales Limones?

Cualquiera de estas opciones evidencia un patrón inquietante: las instituciones que deberían garantizar la legalidad pueden estar siendo utilizadas para blindar a la familia del presidente. No se trata ya de un caso de trato de favor, sino de un auténtico mecanismo de protección política frente a la justicia fiscal.

Privilegios, privilegios, privilegios...

El episodio se suma a una larga lista de privilegios disfrutados por David Sánchez. Fue nombrado a dedo en un cargo cultural sin apenas experiencia acreditada, residió durante meses en el complejo presidencial de Moncloa y hasta utilizó su aparcamiento oficial como estacionamiento privado para su autocaravana.

Todos estos precedentes dibujan una trayectoria que degrada la credibilidad del Gobierno. Mientras a millones de españoles Hacienda no perdona ni un céntimo, el hermano del presidente logró esquivar la vigilancia gracias a consejos imposibles de obtener sin ayuda del propio aparato del Estado.

Enésima burla al Estado

La gravedad radica en el mensaje transmitido: existen dos varas de medir. Una, dura y estricta, para los ciudadanos corrientes; otra, flexible y opaca, reservada para quienes tienen vínculos con la cúpula del poder socialista. Un auténtico insulto al principio de igualdad ante la ley.

La enésima burla al Estado que encarna la familia Sánchez abre un interrogante mayor: ¿hasta dónde están dispuestas las instituciones a seguir sacrificando su credibilidad para proteger al presidente? Cada revelación refuerza la percepción de que España no vive bajo un Estado de Derecho, sino bajo el privilegio de unos pocos. Y si son de la familia Sánchez Pérez-Castejón, mejor.

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