INFORMES DE LA UCO
Ángel Víctor Torres no podía dormir con Aldama: la UCO certifica por qué
El ministro de Política Territorial intercambió mensajes directos con el principal implicado en la trama de las mascarillas, dando órdenes de pago y compartiendo información interna del Gobierno canario. La Guardia Civil considera que actuó como un “intermediario político” al margen de la ley.
Archivo - El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante una rueda de prensa
La investigación del caso Koldo da un salto político de enorme calado. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa a Ángel Víctor Torres —actual ministro y entonces presidente de Canarias— en el centro del circuito de pagos de la trama de las mascarillas, a través de un canal de comunicación directa y constante con Koldo García, el asesor de confianza de José Luis Ábalos.
Los agentes han rastreado decenas de mensajes intercambiados entre ambos durante el verano y otoño de 2020, cuando el archipiélago tramitaba contratos millonarios bajo el paraguas de la emergencia sanitaria. Los WhatsApps, intervenidos en el teléfono de Koldo, muestran un tono de confianza impropio entre un presidente autonómico y un intermediario sin rango administrativo.
Recreación de una conversación de whats app entre A. V. Torres y Koldo
Un mes después, el 30 de julio, volvió a dirigirse a Koldo: “Asunto resuelto. Se ha dado orden de pago y el consejero ya está”.
Recreación de una conversación de whatsapp entre A. V. Torres y Koldo
La Guardia Civil considera que estas conversaciones reflejan una intervención directa de Torres en la tramitación de los pagos, saltándose los cauces oficiales y actuando como enlace político entre el Gobierno canario y el Ministerio de Ábalos. “La celeridad de las respuestas y el contenido de los mensajes evidencian una connivencia operativa y sostenida”, señala el informe.
El 3 de agosto, Koldo insistió por el retraso en los cobros
Recreación de una conversación de whatsapp entre A. V. Torres y Koldo
Esa inmediatez, según la UCO, confirma que los pagos se gestionaban al margen del procedimiento administrativo y bajo supervisión política directa.
El tono entre ambos fue derivando hacia una familiaridad impropia. Koldo no dudaba en pedirle reuniones o favores, y Torres contestaba con naturalidad, actualizando plazos y decisiones de su propio Gobierno. En uno de los mensajes, incluso informó de detalles internos:
“Los cinco millones restantes los está arreglando Olivera para pago inmediato”, escribió en referencia al viceconsejero de la Presidencia, Antonio Olivera, hoy jefe de gabinete del ministro.
Los agentes interpretan que ese flujo de información y documentación —órdenes de pago, confirmaciones del Tesoro y comunicaciones internas enviadas por mensajería— demuestra la existencia de una “oficina paralela de pagos” controlada desde la Presidencia autonómica.
En noviembre de 2020, Torres comunicó a Koldo que ya disponía “del informe favorable definitivo de las mascarillas”, cerrando así el expediente con su propio visto bueno. Para la UCO, esa frase resume el papel central del presidente en una operación que debería haberse tramitado exclusivamente por técnicos.
El informe también alude a una supuesta comisión de 50.000 euros reclamada por Koldo García por “agilizar los pagos”, que no llegó a cobrarse. Pese a ello, los investigadores subrayan que el grado de implicación del ministro fue “personal, continuado y ajeno a la legalidad administrativa”.
Una de las frases más simbólicas, publicada por El Mundo, muestra al propio Torres asegurando que, tras ordenar los pagos, “dormiría mejor”. Para la Guardia Civil, esa confesión refleja la dimensión política del caso: un presidente que actuó como gestor de cobros para una trama de intermediarios en plena pandemia.
El Tribunal Supremo deberá determinar si estos mensajes constituyen una prueba directa de corrupción o un uso indebido del poder. Lo cierto es que la conversación de WhatsApp entre un ministro y el epicentro de una trama ya basta para abrir un nuevo frente de descrédito dentro del Gobierno de Pedro Sánchez.
Torres defiende su inocencia
Desde el primer momento, Ángel Víctor Torres ha negado cualquier implicación irregular en la contratación de las mascarillas. El ministro sostiene que sus comunicaciones con Koldo García “se limitaban a cuestiones institucionales y de coordinación durante la emergencia sanitaria”, y que nunca ordenó pagos fuera de los cauces legales. “Mi actuación fue siempre transparente y dentro de la legalidad. Si alguien demuestra lo contrario, me iré”, declaró en una entrevista reciente. Su entorno atribuye la filtración de los mensajes a una “interpretación sesgada” del trabajo habitual de gestión política en plena crisis del COVID-19.