critican la "notoria parcialidad"
Nacho Cano inicia acciones legales contra la jueza tras el archivo de la causa Malinche por el TSJM
La defensa denuncia "premisas erróneas" en el atestado policial, irregularidades en la actuación policial y dificultades para ejercer el derecho de defensa. La querella se registrará en los Juzgados de Plaza de Castilla para su asignación a un Juzgado de Instrucción.
Nacho Cano.
El productor musical Nacho Cano ha comunicado su intención de presentar una querella en los Juzgados de Instrucción de Madrid contra la magistrada María Inmaculada Iglesias que investigó las supuestas irregularidades vinculadas a su espectáculo Malinche, tras el archivo de la causa por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por falta de competencia. El TSJM fundamentó su decisión en un auto, indicando que la jueza perdió su condición de aforada al jubilarse de manera forzosa.
Tras esta resolución, Cano procederá de inmediato a registrar la querella en el Decanato de los Juzgados de Plaza de Castilla, para que sea asignada al Juzgado de Instrucción correspondiente según el turno.
"Respetamos el criterio del Tribunal Superior, que se limita a declarar su falta de competencia. Ahora daremos el siguiente paso natural. Registrar la querella en Plaza de Castilla para que un Juzgado de Instrucción entre a valorar los hechos", aseguran los abodos de Cano del despacho Cremades&Calvo-Sotelo.
El fallo del TSJM se basa en la pérdida del estatus de magistrada de la querellada y en la jurisprudencia establecida, que excluye el aforamiento tras el cese en el cargo. Según la normativa, la acción penal debe proseguir ante el juez ordinario designado por la ley.
"premisas erróneas"
En la querella, los abogados de Cano argumentan que el atestado policial que inició el caso partió de supuestos equivocados. Entre ellos, "la indebida aplicación de la legislación vigente y la consideración de los estudiantes como trabajadores ilegales".
De acuerdo con los letrados, "a partir de esas premisas erróneas, se elaboró un atestado plagado de irregularidades, en el que se practican todo tipo de actuaciones policiales con el único fin de proceder a la detención de mi representado".
Lesly Ochoa.
Asimismo, la defensa destaca la existencia de 17 denuncias por coacciones, amenazas y falsificación de documento público (atestado) relacionadas con el proceso tramitado en el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid. Según su criterio, las "irregularidades existentes en dicho atestado y en la actuación policial determinan un grave delito contra la Administración de Justicia que solo puede acreditarse si se instruye conjuntamente".
Sin embargo, la jueza desestimó las solicitudes de inhibición presentadas por los diferentes juzgados que recibieron estas denuncias.
Por último, la defensa de Cano denuncia que ha enfrentado "serias dificultades para ejercer el derecho de defensa" garantizado en el artículo 24 de la Constitución Española. Esto, al señalar que se le ha negado de manera reiterada la realización de diligencias probatorias que considera "necesarias, útiles y pertinentes". Además, enfatiza que "la parcialidad de la juez, aquí querellada, es notoria".