Los de Feijóo justifican al juez Peinado tras ampliar la investigación contra Begoña Gómez: “Es lógico ante tanta corrupción”
El juez Juan Carlos Peinado ha prorrogado hasta abril de 2026 la investigación contra Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, ante la acumulación de diligencias pendientes. Mientras el Gobierno carga contra el magistrado por lo que considera una causa sin fundamento, fuentes de la dirección nacional del PP defienden la decisión judicial como “lógica” ante la gravedad de los hechos investigados y los cinco delitos atribuidos a la esposa del presidente.
Begoña Gómez, durante la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid.
Fuentes de la máxima solvencia de la dirección nacional del Partido Popular, muy próximas a Alberto Núñez Feijóo, lo tienen claro: la prórroga de la investigación judicial contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es no solo "razonable", sino "imprescindible" ante la gravedad y amplitud del caso.
La decisión del juez Juan Carlos Peinado, anunciada este lunes, de extender las pesquisas hasta abril de 2026, ha desatado una tormenta política. Desde el Palacio de la Moncloa y el entorno del PSOE, las críticas no se han hecho esperar. En los pasillos del Palacio Real durante la recepción del 12 de octubre, miembros del Gobierno no ocultaban su malestar: tachan la actuación del magistrado de “dañina para la imagen de la Justicia” y afirman, en privado -al igual que en público-, que “no hay causa”.
Sin embargo, desde Génova 13 se lanza un mensaje diametralmente opuesto. Las fuentes consultadas por este periódico aseguran que "es tal la cantidad de indicios y de supuesta corrupción que rodean a la señora Gómez, que esta prórroga no solo es lógica, sino necesaria".
"No es una cacería política", sostienen desde el PP
El caso, que mantiene a Begoña Gómez imputada desde el pasado año, gira en torno a cinco posibles delitos: malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo profesional y apropiación indebida. La Audiencia Provincial ha ratificado recientemente el "plan delictivo" que se atribuye a la esposa del presidente en un auto en el que, además, advierte de que el delito de malversación no puede desligarse del resto, por ser este el punto de partida del entramado.
La Universidad Complutense de Madrid, de hecho, se ha personado en la causa como parte afectada por uno de los delitos: la presunta apropiación indebida.
Desde el PP se subraya que "esta no es una cacería política, como pretende presentar el PSOE", sino una investigación judicial con respaldo institucional y fundamentos jurídicos firmes. “¿También van a decir que la Complutense es extrema derecha?”, ironiza una voz destacada de la dirección popular.
Choque institucional entre el poder Ejecutivo y el Judicial
La causa contra Begoña Gómez se ha convertido en uno de los ejes centrales de la tensión entre el Ejecutivo y el poder judicial. El juez Peinado, lejos de ceder a las presiones, ha justificado la ampliación del plazo por la "gran cantidad de diligencias aún pendientes", entre ellas varios informes de la Guardia Civil sobre la actuación de la esposa del presidente. El juzgado aún espera documentación clave que podría arrojar luz definitiva sobre el alcance del caso.
Génova lo tiene claro: "El juez está haciendo su trabajo. El problema es que al Gobierno no le gusta que se investigue. Querrían una Justicia sumisa, pero eso no va a pasar."
En este tablero de alta tensión, donde cada paso judicial tiene su eco político, la prórroga hasta 2026 es solo el prólogo de un caso que puede marcar el ritmo del calendario político en los próximos meses. Con una oposición que no piensa ceder y un Gobierno que acusa una "persecución mediático-judicial", el caso Begoña Gómez amenaza con convertirse en el epicentro de la confrontación institucional más intensa de la legislatura.