Las comunidades del PP plantan a Mónica García por el “uso partidista” del Consejo Interterritorial
Los consejeros denuncian una “deriva ideológica” del Ministerio de Sanidad y acusan a García de manipular los acuerdos sobre los cribados de cáncer
Nuevo pulso político en la sanidad española. Las comunidades gobernadas por el PP y el País Vasco han abandonado este viernes la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, presidida por la ministra de Sanidad, Mónica García, en protesta por lo que califican de “utilización partidaria y sectaria” del órgano de coordinación sanitaria.
El encuentro, celebrado en Zaragoza, llegaba en un momento especialmente delicado, con dos frentes abiertos que han elevado la tensión: la crisis de los programas de cribado de cáncer y el caos en las transferencias de fondos destinados a la vigilancia epidemiológica.
“Nunca se había utilizado de forma tan ideológica”
Antes de abandonar la reunión, los consejeros populares han leído una declaración conjunta en la que denuncian que “nunca, a lo largo de la historia de este órgano de coordinación, se había utilizado de manera tan ideológica y al servicio de los intereses del partido en el poder”.
A su juicio, el Ministerio de Sanidad ha convertido el Consejo Interterritorial en un “instrumento de imposición y confrontación”, actuando “de forma unilateral” e “ignorando las aportaciones” de las autonomías, lo que —según sostienen— vulnera el propio reglamento del organismo.
Acusaciones de manipulación en los acuerdos de cribado
Uno de los principales motivos de fricción ha sido la gestión de los cribados de cáncer. El PP acusa a García de una “manipulación unilateral” de los acuerdos alcanzados en la Ponencia de Cribados el pasado mes de abril. Según denuncian, el Ministerio no ha puesto en marcha la herramienta informática necesaria para gestionar los datos que ahora exige a las comunidades, “estando los indicadores aún en fase de revisión”.
Las autonomías populares reprochan al Ministerio que, en lugar de respaldar su trabajo en la detección precoz de cánceres como el de mama, busque “rédito político” y culpe a las regiones de los fallos detectados en el sistema. También señalan la falta de autocrítica en territorios como Ceuta y Melilla, donde las competencias sanitarias dependen directamente del Estado y “Sanidad no asume su responsabilidad”.
Fondos bloqueados y comunicación por WhatsApp
A la controversia sobre los cribados se suma la denuncia por el bloqueo de fondos destinados a programas de salud pública. Los consejeros aseguran que el Gobierno ha denegado modificaciones presupuestarias imprescindibles para transferir los recursos a las autonomías.
Según explican, las comunidades se enteraron de esta decisión “por un mensaje de WhatsApp del propio director general de Salud Pública”, lo que interpretan como un ejemplo del “desdén y desprecio” con el que —afirman— el Ejecutivo trata asuntos “de enorme relevancia para la salud de los ciudadanos”.
Falta de profesionales y un nuevo Estatuto “impuesto”
Los representantes autonómicos también reprochan a Mónica García su falta de respuesta ante “el verdadero problema del sistema sanitario: la escasez de profesionales”. Critican, además, la intención del Ministerio de “imponer un nuevo Estatuto Marco” sin consenso con las autonomías ni con los propios trabajadores sanitarios.
“A todo ello se suma la deslealtad institucional y la intromisión constante en las competencias autonómicas”, concluye el comunicado, que advierte de una ruptura del marco de cooperación que establece la ley.
El contexto: crisis en los cribados y críticas de los radiólogos
La reunión se produce tras los fallos detectados en el programa de cribado de cáncer en Andalucía, que llevaron al Ministerio a exigir a las comunidades la entrega de todos los datos sobre detección precoz. Los radiólogos, por su parte, han alertado de que los problemas son “estructurales”, derivados de la falta de profesionales y de sistemas informáticos desactualizados.
Mientras tanto, Mónica García mantiene que el Ministerio “solo busca transparencia y coordinación” entre territorios, aunque su tono, cada vez más político, ha tensionado el diálogo con las comunidades.
El Consejo Interterritorial, lejos de ser un espacio de consenso, se ha convertido en un nuevo escenario de batalla política y territorial en plena crisis sanitaria.