lo condenó a nueve años por agresión sexual a una menor
Caso Arandina: Estrasburgo rechaza el recurso de Carlos Cuadrado y confirma la sentencia del Supremo
Confirma que la interpretación del artículo 183 bis del Código Penal no fue arbitraria ni imprevisible. Bloquea la vía europea y refuerza la doctrina que impide atenuantes por edad en abusos a menores de 16 años.

Carlos Cuadrado, jugador de la Arandina.
En noviembre de 2017, tres exfutbolistas mayores de edad de la Arandina CF —Carlos Cuadrado Santos ‘Lucho’ (entonces de 24 años), Raúl Calvo Hernández (19 años) y Víctor Rodríguez ‘Viti’— practicaron actos sexuales con una menor de 15 años en un piso de Aranda de Duero (Burgos). Los hechos probados establecieron que se generó una “intimidación ambiental” que invalidó el consentimiento de la víctima, en un contexto grupal con una disparidad etaria de hasta nueve años.
Los tres fueron detenidos el 13 de diciembre de 2017 y ingresaron en prisión provisional comunicada y sin fianza. Tras casi tres meses encarcelados, la Audiencia Provincial de Burgos acordó su libertad provisional el 26 de febrero de 2019 (para Calvo y Rodríguez) y el 27 de febrero de 2019 (para Cuadrado ‘Lucho’), tras un auto que consideró extinguido el riesgo de destrucción de pruebas. Cuadrado abandonó la cárcel burgalesa a las 18:20 horas del miércoles, tras abonar una fianza de 6.000 euros. Lo esperaban sus padres, llegados desde Astorga, visiblemente emocionados. Visiblemente nervioso, declaró a los medios: “Todo ha sido una gran mentira” y describió su estancia en prisión como “un infierno”. Agradeció el apoyo recibido, especialmente de los compañeros del Módulo 14, y reiteró su inocencia: “Tengo ganas de que todo salga a la luz y acabe esta gran mentira”.
La libertad se acompañó de medidas cautelares: fianza de 6.000 euros, orden de alejamiento de 1.000 metros respecto a la víctima, comparecencias quincenales (días 1 y 15) ante el juzgado o fuerzas de seguridad, notificación de cualquier cambio de domicilio y prohibición de salida de España sin autorización judicial, con entrega del pasaporte. La decisión siguió el criterio de la Fiscalía, que no se opuso, y de la Audiencia de Burgos, que invocó el cambio de circunstancias.
En primera instancia, la Audiencia Provincial de Burgos condenó en 2019 a los tres por agresión sexual, imponiendo a Cuadrado 20 años de cárcel al apreciar intimidación ambiental. En apelación, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León redujo en 2020 la pena de Cuadrado a 4 años, recalificando los hechos como abuso sexual y aplicando por analogía una atenuante inspirada en el artículo 183 quater (hoy 183 bis) del Código Penal, relativo a relaciones consentidas entre menores cercanos en edad y madurez.
El Tribunal Supremo, en sentencia de 30 de noviembre de 2022 (con ponencia del magistrado Vicente Magro), anuló esa atenuante por la disparidad etaria y el carácter grupal, elevando la condena de Cuadrado a 9 años y un día de prisión. Una posterior sentencia plenaria del Supremo, de 26 de enero de 2024, consolidó doctrina: el artículo 183 bis no puede operar como atenuante en relaciones entre adultos y menores de 16 años, salvo efectiva cercanía en edad y desarrollo.
Cuadrado recurrió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), alegando vulneración del derecho a un proceso justo (art. 6), igualdad (art. 14) y principio de legalidad penal (art. 7) por una interpretación imprevisible del Código Penal. En resolución unánime del 24 de abril de 2025 (asunto 9982/24, ponente María Elósegui), el TEDH declaró inadmisible la demanda. Consideró que la exégesis del Supremo no fue arbitraria ni caprichosa, no apreció “divergencia profunda y duradera” en la jurisprudencia española y afirmó que “nada indica que la solución adoptada vulnerara la seguridad jurídica”. El tribunal de Estrasburgo reiteró que no reexamina apreciaciones nacionales, sino que vela por la equidad y previsibilidad del procedimiento, cumplidas en este caso.
Esta decisión bloquea la vía internacional para Cuadrado, refuerza la legitimidad del Supremo y afianza una interpretación estricta del artículo 183 bis, que impide aminorar condenas por relaciones sexuales con menores de 16 años —incluso consentidas— salvo excepciones de proximidad real en edad y madurez.