A Ábalos le crecen los miedos: ¿Cómo justificar el dinero sospechoso?

El exministro socialista José Luis Ábalos sigue intentando que el caso Koldo no le salpique más de la cuenta. Su defensa ha pedido al Tribunal Supremo que solicite al Ministerio de Transportes un certificado con el número de folios entregados a la secretaría del Ministerio entre 2018 y 2021, con el objetivo de demostrar que la palabra “folios” —mencionada en los informes de la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil)— no era una clave para hablar de dinero, como sospechan los investigadores.

El abogado de Ábalos, Carlos Bautista, sostiene que la inferencia de la Guardia Civil “carece de fundamento” y que su cliente simplemente pedía material de oficina. Según el escrito remitido al Supremo, el exministro “tenía la costumbre de imprimir documentos, crónicas y otros textos que nutrían su archivo personal”, razón por la cual solicitaba regularmente cajas de folios a su secretaría.

“Es posible que tal costumbre se refiera a una generación no digital, pero lo cierto es que este material de oficina era solicitado a su secretaría”, argumenta la defensa, que incluso detalla que los paquetes de folios eran llevados a su residencia oficial por conductores, escoltas o el propio Koldo García, el exasesor de Ábalos y principal investigado en la trama de las mascarillas.

Del lenguaje cifrado a las cajas de papel

El escrito busca desmontar la tesis de la UCO, que veía en el término “folios” un posible “lenguaje en clave” empleado por los implicados para referirse a cantidades de dinero. Para el entorno del exministro, la explicación es mucho más prosaica: Ábalos gastaba muchos folios porque imprimía mucho.

El abogado incluso sugiere al Supremo que pida al Congreso información sobre el consumo de material de oficina del actual diputado del Grupo Mixto, convencido de que su despacho parlamentario “llama la atención por la cantidad de papeles acumulados”.

Mascarillas, certificados y preguntas incómodas

Además, en el mismo escrito, la defensa reclama que el Ministerio de Transportes remita al alto tribunal todos los certificados de entrada, salida y control de las mascarillas adquiridas durante la pandemia, así como el número de unidades sobrantes y si personas ajenas al Ministerio accedieron a los almacenes donde se guardaban.

Estas peticiones se enmarcan en la estrategia de Ábalos de desligarse de cualquier manejo irregular en los contratos públicos firmados durante su etapa como ministro, una línea de defensa que contrasta con las revelaciones que rodean a su antiguo colaborador Koldo García, presunto intermediario en la trama.

El PSOE, de nuevo bajo el foco

El caso vuelve a tensar las costuras del PSOE, que esta misma semana reconoció haber pagado 127.000 euros más en metálico a su Secretaría de Organización entre 2017 y 2024. Un detalle que, sumado a los frentes judiciales abiertos, reaviva las sospechas sobre la opacidad económica del partido durante los años en que Ábalos era su número tres y hombre de confianza de Pedro Sánchez.

Mientras tanto, el exministro insiste en que lo suyo no eran sobres ni billetes, sino resmas de papel. Folios, a secas. Y pide al Supremo que así quede reflejado: no había lenguaje cifrado, solo la rutina de un político que, según su abogado, prefiere el papel a la pantalla.