Varapalo del Supremo al Gobierno: indemnizará al fiscal Stampa por una investigación “innecesaria”

Nuevo revés judicial para el Estado —y, de rebote, para la Fiscalía General que dirigía entonces Dolores Delgado—. El Tribunal Supremo ha confirmado que el fiscal Ignacio Stampa deberá ser indemnizado con 4.000 euros por los perjuicios sufridos a raíz de una investigación “innecesariamente prolongada” que acabó perjudicando su carrera profesional justo cuando aspiraba a una plaza en la Fiscalía Anticorrupción.

El Alto Tribunal ha inadmitido el recurso de casación presentado por la Abogacía del Estado contra la sentencia de la Audiencia Nacional que ya reconocía la existencia de un daño moral al fiscal, al entender que la actuación del Ministerio Público se extendió más allá de lo razonable. Según el Supremo, el recurso carecía de “fundamentación suficiente” y de “interés casacional”, imponiendo además a la Abogacía del Estado el pago de las costas, con un máximo de 2.000 euros.

Con ello, la decisión de la Audiencia Nacional queda firme y confirma lo que ya había señalado ese tribunal: que la investigación abierta contra Stampa se prolongó sin resultados útiles y sin justificación, por sugerencia de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, entonces bajo la dirección de Álvaro García Ortiz, actual fiscal general.

Un caso que salpica a la antigua cúpula de Delgado

Ignacio Stampa fue investigado por su presunta relación con una abogada de Podemos vinculada al ‘caso Dina’, una de las piezas del conocido ‘caso Villarejo’. A pesar de que el instructor había propuesto archivar el asunto, las diligencias se mantuvieron abiertas justo cuando se resolvía el concurso para las plazas en la Fiscalía Anticorrupción.

Aquel retraso, según la Audiencia Nacional, impidió que el expediente personal de Stampa quedara “sin tacha”, lo que habría influido directamente en su exclusión del proceso de selección. En su demanda, el fiscal denunció un “vicio de desviación de poder” y pidió 40.000 euros de indemnización, aunque el tribunal rebajó la cuantía a 4.000 al considerar que solo se acreditaba un daño moral derivado de la demora.

La sentencia fue clara:

“El devenir de los acontecimientos arroja como resultado una demora innecesaria, con daño para el interesado, que lógicamente quedó en entredicho: profesionalidad, fama, buen nombre y comportamiento ético.”

Una investigación sin resultados

La Audiencia Nacional concluyó que las diligencias impulsadas por la Fiscalía General no aportaron ninguna evidencia que justificara mantener abierta la investigación. Aun así, la causa permaneció viva, afectando al prestigio y las opciones profesionales de Stampa.

Para el tribunal, el caso refleja un mal funcionamiento de la Administración de Justicia, ya que las diligencias deberían haberse cerrado tan pronto como se constató que no existían indicios de infracción. Esa “duración innecesaria”, añade la sentencia, es la que motiva la compensación económica.

Un nuevo toque de atención a la Fiscalía General

Con esta resolución, el Supremo vuelve a poner en cuestión la actuación de la cúpula fiscal durante la etapa de Dolores Delgado al frente de la Fiscalía General del Estado, especialmente por el papel de Álvaro García Ortiz en la prolongación de las diligencias.

El caso Stampa, que ya en su día generó una fuerte polémica dentro del propio Ministerio Público, reabre el debate sobre la politización de la Fiscalía y los posibles abusos de poder en los nombramientos internos.

Aunque la indemnización es simbólica —apenas 4.000 euros—, el fallo supone un reconocimiento judicial de que la carrera profesional de un fiscal fue perjudicada por decisiones injustificadas tomadas desde la propia cúpula del Ministerio Público.