El PP acusa a Bolaños de manipular la Justicia con una reforma penal “al servicio del Gobierno”
La portavoz popular de Justicia advierte que la nueva Ley de Enjuiciamento Criminal no busca modernizar, sino “blindar al presidente” y socavar la autonomía judicial para ponerla al servicio del Ejecutivo
El ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños
María Jesús Moro, portavoz de Justicia del Grupo Popular, ha lanzado duras críticas contra Félix Bolaños por la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), a la que acusa de estar “al servicio del Gobierno”. Moro afirma que la norma es “una Ley de interés particular y de inoportunidad general”: “no se impulsa para modernizar el proceso penal, sino para blindar al presidente del Gobierno y tener más controlada la justicia”.
La dirigente popular señala que esta reforma “no garantiza la autonomía necesaria para que la instrucción pase del juez al fiscal y, además, condiciona la acción de la justicia”. Según Moro, los cambios legislativos que plantea el Ejecutivo no han sido bien analizados: “Las reformas no se planifican ni se analizan adecuadamente, no están redactadas con corrección, y el poder prelegislativo termina sustituyendo al legislativo”.
Para la portavoz del PP, la iniciativa de Bolaños no se trata de un proyecto de Estado, sino de “una ley de parte”: “debería ser una ley de Estado, pero es de parte”. Durante su comparecencia en el Congreso, Moro sostuvo que la reforma pretende favorecer intereses gubernamentales y cercenar los controles externos que podrían fiscalizar su gestión.
Contexto de rechazo
La crítica del PP se enmarca dentro de un contexto más amplio de rechazo. Asociaciones de jueces y fiscales ya han tildado algunos aspectos de la reforma como un “desafío a la independencia judicial”. El proyecto entregaría la dirección de las investigaciones penales a los fiscales y limitaría la figura de la acusación popular, lo que, en su opinión, socava las garantías constitucionales.
El PP también apunta a los efectos prácticos de la reforma. Moro advirtió que Bolaños podría tener capacidad para “controlar férreamente” a quienes entran en la carrera judicial: “reformando la ley cuando los jueces no la aplican como quiere”, denunció. La portavoz califica esa estrategia como parte de un plan para convertir el aparato judicial en un “servidor gubernamental afín”.
Además, Moro ha reprochado a Bolaños que utilice “una ley a la carta” para proteger a sus afines, eliminando tipos delictivos o recortando derechos como el de acusación popular cuando convenga: “cambiar las normas a conveniencia” es, en su opinión, una forma de manipulación institucional.
Las críticas del PP también se extienden a la seguridad jurídica: “manipular las reglas a su conveniencia rompe la seguridad jurídica del país y deja a la ciudadanía en una situación de total indefensión frente a sus abusos”, ha señalado Moro. En su diagnóstico, el proyecto del ministro va más allá de una reforma técnica: es una estrategia consciente para desplazar el poder de decisión del órgano judicial hacia el Ejecutivo.