El Gobierno aprueba este martes la ley que pone a la UCO a las órdenes de Fiscalía y limita la acusación popular

El afán del Ejecutivo por controlar al poder legislativo y al judicial continúa superando sus propios límites, con Pedro Sánchez al frente de la Presidencia. Por tanto, no es de extrañar que el Gobierno apruebe este martes, en su reunión ordinaria del Consejo de Ministro, la nueva Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que supondrá la mayor reforma del proceso penal en España hasta la fecha y cuyo principal cambio es que la instrucción pasará de jueces a fiscales, según han confirmado fuentes del Ministerio de Justicia.

El proyecto, que entraría en vigor en enero del año 2028, también prevé expulsar a partidos políticos de la acusación popular, así como la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para ampliar a cinco años el mandato del fiscal general del Estado.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aseguró el pasado jueves que la nueva LECrim persigue adaptar el modelo español al europeo, de modo que "los jueces estén para juzgar y ejecutar lo juzgado y la investigación la lleve la Fiscalía".

Se trata, según defendió, de "una reforma también necesaria y más garantista", en la que "un juez de garantías será quien decida, revoque o confirme las decisiones que tome el Ministerio Fiscal en la investigación penal". Sin embargo, la realidad es que esta decisión adoptada por el Ejecutivo de coalición PSOE-Sumar llega con las dudas razonables generadas sobra la financiación ilegal del Partido Socialista y el entorno del propio presidente del Gobierno completamente cercado por la justicia.

¿El objetivo es controlar a la justicia?

La decisión que saldrá este martes de Moncloa genera muchísimas dudas -y no sólo políticas- al decidir que la investigación criminal quede en manos de los fiscales, relegando al juez instructor al papel de auditor de garantías. Al mismo tiempo, la reforma clausura -o casi- la acción de la acusación popular para partidos, sindicatos y entidades vinculadas, lo que en la práctica reduce la capacidad de la sociedad civil de fiscalizar a los poderes públicos. En tiempos de escasez de confianza, la justicia se reformula. Cabe preguntarse si en favor de la velocidad o, más bien, del control.

Lo que sería una realidad es que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil -y, por extensión, la Policía Judicial- dejaría de trabajar bajo la tutela del juez instructor y pasaría a depender operativamente del fiscal que dirija la investigación. Esto, en la praxis, significa que los informes de la UCO dejarían de llegarle al juez para que dirija diligencias, y se presentarían ante el fiscal, con el fin de que decida él su curso.

Los cambios de a reforma también marcarían un nuevo contorno para la figura de la acusación popular, nacida en el siglo XIX como instrumento de control social frente al poder estatal. Según el anteproyecto, los partidos políticos, sindicatos y entidades vinculadas quedarán excluidos de esta posibilidad. Su participación se limitará a casos muy determinados y fases muy concretas del proceso.

Claros temores al control político

"¿De quién depende la Fiscalía?", se preguntaba Sánchez no hace tanto tiempo. Era su manera de denunciar que el Gobierno -del que él aún no formaba parte- dirigía el Ministerio Público a su antojo. Situación que ahora se ha llevado al límite, con la figura de Álvaro García Ortiz al frente de la Fiscalía General del Estado. 

Por tanto, los temores son tan claros como la intención: la fiscalía -que pasa a disponer de la fase de investigación- podría ver mermada su independencia de facto -más si cabe- en un contexto de fuerte presencia política en su estructura directiva y de percepciones de proximidad al Poder Ejecutivo. De hecho, Javier Zaragoza, fiscal del Tribunal Supremo, ya ha advertido que la reforma ideada por Sánchez y sus socios “puede derivar en una democracia con tintes autoritarios”.