Santos Cerdán sale de la cárcel tras casi cinco meses y un informe demoledor: aún así habla de "mentiras y manipulaciones"

El ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha asegurado que se están dando "muchas mentiras y muchas manipulaciones" en cuanto a la interpretación que se hace "de los dos informes" de la UCO sobre su persona. "Yo confío en que la verdad se imponga y que al final con esa verdad se haga justicia", ha afirmado.

Estas han sido las primeras palabras que el exdiputado socialista ha pronunciado después de ser puesto en libertad tras 4 meses y 20 días en prisión provisional en la cárcel de Soto del Real (Madrid). "Quiero agradecer también a toda mi familia, a todos los amigos de toda la vida que me han apoyado y siguen apoyándome y también a la labor de mis abogados, que ha sido también fundamental", ha dicho Cerdán acompañado de uno de sus abogados a la salida del centro penitenciario. Cerdán ha afirmado que en los "próximos días" aclarará su posición sin dar más detalles ni contestar a las preguntas realizadas por los medios de comunicación.

Cerdán se encontraba en la cárcel de Soto del Real (Madrid) desde el pasado 30 de junio por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. Sus abogados, Benet Salellas y Jacobo Teijelo, han pedido hasta en cinco ocasiones su puesta en libertad pero hasta ahora tanto el instructor como la Sala de Apelación lo habían frenado.

Ana Redondo ha admitido que no puede garantizar que el sistema Cometa —utilizado para el control telemático de agresores machistas— no vuelva a sufrir fallos antes de que se renueve su contrato el próximo mes de mayo. No obstante, ha asegurado que la protección de las víctimas está plenamente asegurada. Redondo ha comparecido este miércoles en el Congreso de los Diputados para explicar la última “incidencia técnica” registrada el pasado 11 de noviembre, cuando el sistema quedó afectado por la caída de uno de sus servidores durante unas doce horas.

“La seguridad de las víctimas nunca ha estado en riesgo”, ha repetido la ministra, recalcando que, aunque el servidor principal falló, los protocolos de protección se activaron de inmediato y las mujeres protegidas fueron informadas en todo momento. La responsable de Igualdad ha detallado que el problema se originó a raíz de una tarea rutinaria de ciberseguridad que provocó un “comportamiento no deseado” en uno de los servidores. Esto ocasionó retrasos en la transmisión de datos de geolocalización de víctimas y agresores en los otros tres servidores del sistema.

La incidencia se prolongó desde las 4:30 de la madrugada hasta las 17:25 del martes 11, momento en el que ya se había activado el plan de contingencia junto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La ministra y su equipo se desplazaron al centro de control de Cometa para supervisar personalmente la resolución del problema. Redondo ha hecho hincapié en que el fallo no afectó a los dispositivos, sino únicamente a los servidores, y que en ningún momento se produjo una situación de desprotección.

“Somos conscientes de que situaciones como la del día 11 no pueden repetirse, pero también sabemos que ninguna tecnología es infalible”, ha señalado. “En sistemas complejos pueden producirse fallos puntuales, pero lo importante es que los protocolos funcionaron y seguirán funcionando para proteger a las mujeres”.

Aun así, ha reconocido que no puede prometer que no se repita alguna incidencia antes de la entrada en vigor del nuevo contrato de Cometa en mayo de 2026. “No puedo garantizar que estos servidores no vuelvan a fallar antes de que finalice el contrato”, ha concluido.

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha revelado una posible maniobra de la trama vinculada al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, para salir beneficiado en la obra de remodelación de la terminal del aeropuerto de Palma por más de 198 millones de euros.

Así consta en el último informe, al que ha tenido acceso Europa Press, que los investigadores han entregado al Tribunal Supremo en el marco del 'caso Koldo' sobre la relación entre Acciona y Servinabar, empresas que habrían resultado favorecidas con los presuntos amaños de obra pública.

En lo referido al aeropuerto de Palma, los investigadores se refieren a un pantallazo con anotaciones manuscritas hallado en el teléfono móvil del empresario Antxón Alonso con la referencia 'Edificio Procesador Palma', que para los agentes podría estar vinculada a la adjudicación a Acciona de la remodelación Edificio Procesador y el Módulo A del aeródromo mallorquín por más de 198,4 millones de euros.

Las referencias al aeropuerto de Palma están incluidas en un apartado del informe de la UCO en el que se apunta a una videollamada entre Antxón Alonso y Justo Vicente Pellegrini. En esta ocasión, dice el informe, la pantalla del dispositivo utilizado para el desarrollo de la reunión el 10 de junio de 2020 mostraba un documento con anotaciones manuscritas divididas en tres grupos.

En su escrito el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, destaca el papel de Ábalos en calidad de ministro de Fomento primero y de Transportes después pero también de Secretario de Organización del PSOE y, originalmente, de coordinador de la campaña de Sánchez para esa pugna interna.

Luzón arranca su relato resaltando que fue "durante los viajes realizados en la promoción de la candidatura que se presentaba a dichas elecciones primarias" cuando Ábalos conoció en Navarra a Koldo, "persona vinculada al Partido Socialista de Navarra (PSN) y de la confianza de Santos Cerdán, miembro del Parlamento foral de Navarra entre 2014 y 2017 por el PSN y con quien tenía una relación de subordinado a jefe".

De hecho, recuerda que "fue precisamente Santos Cerdán quien, nombrado secretario de Coordinación Territorial del PSOE, al tiempo que José Luis Ábalos fuera también designado secretario de Organización, recomendó a este que contratara a Koldo García como su conductor en los desplazamientos que debía realizar por el territorio español".

El fiscal indica que, para ello, Cerdán tuvo en cuenta que, "más allá de un vínculo puramente profesional, García ofrecería también a Ábalos un compromiso militante y una plena disponibilidad a sus necesidades como nuevo secretario de Organización del partido, como así sucedió". De esta forma, continúa su relato, Koldo se trasladó a Madrid pasando a ser asalariado del PSOE desde el 25 de octubre de 2017, para trabajar como conductor de Ábalos. Ahí fraguaron "una relación de confianza", de modo que Ábalos, "recién nombrado ministro", designó a García "como uno de los cinco nombramientos de personal eventual de confianza que discrecionalmente le correspondían, así como también miembro del Consejo Rector de Puertos del Estado y de RENFE".

Anticorrupción subraya que desde entonces y "aún después" de que ambos salieran del Ministerio de Transportes, el 12 de julio de 2021, Koldo, "convertido más en asistente que en asesor, desempeñó para Ábalos un buen número de tareas de muy diversa índole, tanto profesionales como personales, lícitas e ilícitas".

Decenas de policías y guardias civiles convocados por Jupol y Jucil se han concentrado este miércoles frente al Ministerio del Interior para pedir la dimisión del titular de la cartera, Fernando Grande-Marlaska, ante la "escalada de violencia que sufren los agentes y el abandono institucional". La protesta se ha producido en paralelo a la comparecencia de Marlaska en la sesión de control en el Congreso, donde ha defendido que los agentes cuentan con todo el apoyo del Ministerio y que "España es un ejemplo en la Unión Europea" por sus medidas contra el narcotráfico.

Durante la concentración, los policías y guardias civiles han vuelto a poner el acento en esta reclamación. "Nuestra principal exigencia es el reconocimiento de la profesión de riesgo, una medida de justicia que debe acompañarse de la restitución del principio de autoridad con un endurecimiento de las penas", ha dicho Milagros Cívico, portavoz de Jucil.

"Estamos ante un deterioro evidente del principio de autoridad. Los delincuentes actúan con sensación de impunidad y el Ministerio del Interior niega la realidad. Cada agresión a un agente es un ataque a la seguridad de toda la ciudadanía", ha señalado el portavoz de Jupol, Ibón Domínguez.

Estas organizaciones policiales han reiterado su denuncia por la "precariedad material" con la que trabajan miles de agentes en todo el país: "chalecos antibalas caducados o compartidos, ausencia de escudos y cascos balísticos en unidades de riesgo, vehículos sin blindaje y medios completamente obsoletos para enfrentarse a delincuentes cada vez mejor equipados".