okupación
El PP acelera en el Senado para blindar por ley el corte de suministros a los okupas
Fuentes populares vuelven a destacar la soledad del PSOE, abandonado también en esta Cámara por socios como Junts o PNV, que se han abstenido permitiendo la tramitación de la norma. Si se mantiene el voto en el Congreso, saldría adelanta. Falta superar un escollo grande: Francina Armengol.
La portavoz del PP en el Senado, Alicía García.
El Partido Popular ha puesto en marcha una de sus grandes banderas políticas: endurecer la respuesta frente a la okupación. Y lo ha hecho utilizando su holgada mayoría absoluta en el Senado, donde este miércoles consiguió sacar adelante —con el apoyo del PNV y la abstención calculada de Junts— una proposición de ley para modificar el Código Penal y, de paso, abrir un nuevo frente en el Congreso.
La clave del cambio legislativo es tan simple como contundente: que cortar la luz, el agua o el gas en una vivienda ocupada ilegalmente no pueda ser considerado nunca un delito de coacciones. Un movimiento que, según el PP, busca “aportar claridad jurídica” y adaptar la ley al criterio que ya expresó la Audiencia Provincial de Barcelona, que en una sentencia reciente avaló esta práctica por parte de los propietarios.
Un precedente convertido en arma política
El texto registrado por los populares apunta a reforzar lo que consideran “sentido común”: que un okupa no pueda beneficiarse de la protección penal que sí tendría un inquilino legítimo. En la exposición de motivos, el partido recuerda que la citada resolución judicial supone “un precedente relevante en la lucha contra la ocupación ilegal”, y que conviene trasladarlo a la legislación estatal para evitar interpretaciones contradictorias entre territorios.
En concreto, la modificación afectaría al artículo 172.1 del Código Penal, añadiendo un párrafo que exempta a los propietarios de cualquier reproche penal si deciden interrumpir los suministros de la propiedad usurpada.
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El Congreso, siguiente campo de batalla
La iniciativa llega ahora al Congreso de los Diputados, donde la correlación de fuerzas es muy distinta. El Ejecutivo y sus socios habituales tendrán capacidad de bloqueo, pero si cada grupo mantiene el sentido del voto mostrado en el Senado, la propuesta podría superar el trámite y regresar a la Cámara Alta para su aprobación definitiva.
Uno de los principales escollos será Francina Armengol, que como presidenta de la Cámara ha bloqueado otras normas aprobadas por los populares en el Senado como la Ley Antiokupación aprobada en febrero de 2024. Fuentes populares destacan que la cruda realidad es que de nuevo socios de Sánchez, como Junts o PNV, se han abstenido permitiendo que la tramitación de la norma siga adelante.
El PP quiere convertir esta reforma en un símbolo de su ofensiva contra la okupación, convencido de que el debate conecta con el hartazgo ciudadano y con la sensación de indefensión de miles de propietarios. Mientras tanto, el Gobierno acusa a los populares de “criminalizar la pobreza” y “fomentar la justicia por la vía de hecho”.
Un debate que se recrudece
El movimiento del PP, que vuelve a colocar la okupación en el centro del debate político, promete tensar aún más las relaciones entre bloques. Para los populares, se trata de “defender la propiedad privada”; para parte de la izquierda, de “abrir la puerta a abusos” y de “debilitar garantías legales”.
Con esta proposición de ley, el Senado se convierte en la primera institución que da el paso hacia una “despenalización específica” del corte de suministros en viviendas ocupadas. Ahora será el Congreso quien decida si este giro legislativo se consuma o queda en un gesto político de los populares en plena batalla por la agenda de seguridad y convivencia.