Bendición de León XIV y tormenta interna: la Asamblea más tensa de la Conferencia Episcopal
Por 63 votos frente a 8, los obispos reconocieron las limitaciones del PRIVA y abrirán vías alternativas de reparación con Ángel Gabilondo como mediador y el Defensor del Pueblo como revisor, todo financiado exclusivamente por la Iglesia. El malestar se completa con la incertidumbre sobre el futuro del Valle de los Caídos, el proceso a monseñor Zornoza y los intentos de frenar la reelección de Giménez Barriocanal.
El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello.
La 128ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, la primera tras la elección del papa León XIV, comenzó con el respaldo explícito del Pontífice y del secretario de Estado, cardenal Parolin, al Comité Ejecutivo completo, un gesto de plena comunión que no se repetía desde los tiempos de Rouco Varela. Sin embargo, la reunión se ha desarrollado bajo una presión múltiple que ha convertido lo que se esperaba como una cita serena en un escenario de fuerte tensión política y eclesial.
El tema que más horas consumió fue la reparación a las víctimas de abusos sexuales. Tras un debate agotador que ocupó toda la tarde del lunes y gran parte de la mañana del martes, una amplia mayoría de 63 de los 71 obispos presentes decidió abrir negociaciones con el Gobierno para crear cauces alternativos al Plan PRIVA, sin suprimir este mecanismo que la Santa Sede considera modélico. El PRIVA, tras un año de funcionamiento, ha recibido 99 solicitudes, resuelto 51 casos y ofrecido algo más de 1,56 millones de euros en indemnizaciones que oscilan entre 3.000 y 100.000 euros, cantidades no exentas de tributación y con baremos todavía opacos que han merecido críticas del Defensor del Pueblo.
Los obispos reconocen así, de facto, las limitaciones del sistema actual y habilitarán vías adicionales para quienes queden insatisfechos con la cantidad recibida o para quienes rechacen desde el principio someterse al PRIVA. En ambos casos se propone que Ángel Gabilondo actúe como mediador o tutor entre la víctima y la institución religiosa correspondiente, ya sea la Conferencia, la diócesis o la congregación afectada. Si una indemnización ya concedida se considera insuficiente, el Defensor del Pueblo revisará el baremo y sugerirá una nueva cifra. El dinero, en cualquier supuesto, seguirá saliendo exclusivamente de las arcas de la Iglesia.
A esa ofensiva se suma la reactivación mediática del futuro de la Abadía del Valle de los Caídos justo cuando se cumple el cincuenta aniversario de la muerte de Franco, con convocatorias de protesta ante la sede episcopal y pitadas que dañan la imagen de toda la Conferencia. Los obispos se sienten sin información suficiente sobre las conversaciones entre el Gobierno y la Santa Sede que lleva en solitario el cardenal Cobo.
El malestar se completa con el proceso canónico abierto contra el obispo de Cádiz, monseñor Zornoza, y con maniobras de última hora para intentar evitar la reelección de Fernando Giménez Barriocanal como vicesecretario para Asuntos Económicos.
En definitiva, la Asamblea que arrancó con la bendición vaticana se está convirtiendo en un banco de pruebas para el liderazgo de Argüello. El cambio aprobado en materia de reparaciones supone un reconocimiento implícito de las carencias del PRIVA, pero también una firme defensa de la autonomía eclesial en la financiación y en la última decisión sobre las indemnizaciones. Queda por ver si las negociaciones con el Ejecutivo logran desatascar el conflicto o, por el contrario, alimentan la percepción de que determinados sectores, dentro y fuera del episcopado, buscan acortar o condicionar el mandato del actual presidente de la CEE.