Retrato de Ana Ferrer, apartada del CGPJ por Robles, vota en minoría a favor del Fiscal General
A pesar de su perfil progresista, Ana Ferrer fue vetada para presidir el CGPJ por la enemistad histórica con Margarita Robles, que impulsó a Isabel Perelló, una magistrada progresista pero no “sanchista”.
Ana Ferrer.
La magistrada Ana María Ferrer García ha presentado un voto particular contra la reciente sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, designado por Pedro Sánchez, a dos años de inhabilitación por revelar información reservada de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. A esta disidencia se ha sumado también Susana Polo García, miembro de Jueces y Juezas para la Democracia. No es la primera vez que ambas magistradas de perfil progresista se apartan de la mayoría en causas de alto voltaje político.
Ya en septiembre de 2022, en la pieza política del caso de los ERE de Andalucía, Ferrer (ponente del voto particular) y Polo se opusieron a la condena por malversación del expresidente andaluz José Antonio Griñán (seis años de prisión) y de otros cinco altos cargos socialistas ajenos a la Consejería de Empleo. Calificaron la decisión mayoritaria de “salto al vacío” y defendieron que solo debían responder por malversación quienes participaron directamente en el reparto opaco de las ayudas. Su criterio fue avalado después, en gran medida, por el Tribunal Constitucional, que corrigió sustancialmente la sentencia inicial del Supremo.
Susana Polo, por su parte, ha sido ponente de otras resoluciones que han beneficiado al bloque progresista e independentista: archivó la causa por terrorismo contra Carles Puigdemont en el caso Tsunami Democràtic y cerró definitivamente el caso Isofotón, dejando exculpados a 37 ex altos cargos y responsables de la Junta de Andalucía en época socialista.
Precisamente el peso político y mediático de Ana Ferrer, y una enemistad de más de treinta años con la ministra Margarita Robles, le cerraron las puertas de la presidencia del Consejo General del Poder Judicial. El conflicto se remonta a los años noventa, cuando Robles era secretaria de Estado de Interior con Felipe González y Ferrer instruía el caso Roldán. El choque por los “papeles de Laos” y las críticas del PSOE a la actuación de Ferrer dejaron una herida que nunca cicatrizó.
Tres décadas después, Robles vetó activamente su candidatura y, rompiendo el bloque progresista, hizo pinza con vocales conservadores para impulsar a la catalana Isabel Perelló, que finalmente obtuvo 16 de los 20 votos. Perelló, magistrada de la Sala Tercera (Contencioso-Administrativo), tiene un perfil progresista pero no “sanchista”: ha sido ponente de sentencias contrarias al Gobierno, como la anulación de ayudas directas con fondos europeos o la desestimación del recuento de voto nulo solicitado por el PSOE en Madrid tras las elecciones de julio de 2023.
Mientras Ana Ferrer y Susana Polo siguen marcando diferencias en la Sala de lo Penal con votos particulares que a menudo corrigen o suavizan condenas a figuras del espectro socialista, la animadversión histórica de Margarita Robles ha impedido que Ferrer alcance la presidencia del Poder Judicial. El resultado: el CGPJ queda en manos de una progresista independiente del núcleo duro sanchista, en un equilibrio que pone de manifiesto las profundas tensiones internas del bloque de izquierdas en la cúpula judicial española.