El informe del Abogado General abre la puerta a validar la amnistía y desata la indignación de la judicatura crítica
El juez Villegas vuelve a alzar la voz contra la Ley de Amnistía tras el informe del abogado general del TJUE, al que acusa de una lectura “formalista” y desconectada de la realidad política española. Considera que la norma supone una autoamnistía encubierta y una desactivación de facto del derecho europeo, y alerta de que su aplicación abriría una peligrosa brecha en el Estado de derecho.
La Ley de Amnistía vuelve a colocarse en el centro del huracán político y jurídico. El último capítulo lo protagoniza el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), cuya opinión preliminar se muestra, en líneas generales, favorable a la norma impulsada por el Gobierno y pactada con los partidos independentistas catalanes. Un criterio que, aunque no es vinculante, sí suele marcar tendencia en las decisiones finales del tribunal europeo. Y que, como era previsible, ha encendido todas las alarmas entre los críticos de la amnistía.
Un texto cuestionado en España… y ahora en Europa
El trasfondo es conocido: la Audiencia Nacional elevó varias cuestiones prejudiciales al TJUE para dilucidar si la ley vulnera o no el Derecho europeo, especialmente en lo relativo a los delitos de terrorismo recogidos en la Directiva 2017/541. Los jueces que investigaban a varios dirigentes y activistas del independentismo pusieron negro sobre blanco sus dudas: ¿puede un Estado miembro neutralizar —aunque sea temporalmente— obligaciones penales impuestas por normativa comunitaria?
La respuesta del abogado general no despeja todas las incógnitas, pero sí apunta un camino: considera que la amnistía no vulnera de forma directa la directiva, aunque advierte sobre cuestiones accesorias como la aplicación de medidas cautelares o la gestión de plazos. Lo que no cuestiona es el núcleo: la posibilidad de que personas investigadas por delitos vinculados al terrorismo queden amparadas por la amnistía.
Un mensaje inquietante para quienes esperaban un pronunciamiento mucho más estricto desde Bruselas.
“No deroga, solo desactiva”
Uno de los pasajes más polémicos del informe se encuentra en su apartado 88. El abogado general sostiene que la amnistía española “no deroga” la normativa antiterrorista europea, sino que la “desactiva temporalmente”.
Para muchos juristas críticos, la distinción roza el surrealismo. En la práctica, señalan, una norma inaplicada durante un periodo relevante produce un efecto equivalente a derogarla de facto. Una interpretación que, según quienes rechazan la amnistía, supone una peligrosa línea roja: si un Parlamento nacional puede suspender obligaciones europeas simplemente llamándolo de otra forma, se abre un precedente inédito en la arquitectura jurídica de la Unión.
El debate sobre la autoamnistía
Otro de los grandes puntos de fricción es el riesgo, apuntado por numerosos expertos españoles, de que la ley pueda equipararse a una autoamnistía. El abogado general descarta esta posibilidad: no existe un régimen autoritario protegiéndose a sí mismo, argumenta, sino un poder legislativo democrático actuando dentro de los cauces constitucionales.
Pero para quienes observan la situación desde dentro de España, el análisis formalista del abogado general pasa por alto la realidad política: la ley nace del pacto entre un Gobierno necesitado de apoyos para mantenerse en La Moncloa y los mismos dirigentes independentistas investigados por los hechos que ahora pretenden dejar sin responsabilidad penal.
Aunque no se trate de una autoamnistía en sentido clásico —como las aprobadas en las dictaduras de Argentina o Chile para blindar a sus propios mandos—, los críticos sostienen que sí encaja en la categoría material: un beneficio penal negociado por quienes tienen interés directo en su aplicación.
La “reconciliación”: ¿fin real o coartada política?
El abogado general sostiene en su informe que la ley persigue objetivos legítimos, como la “normalización institucional” y la “reconciliación”. Una definición que bebe directamente de la exposición de motivos redactada por el Gobierno.
Pero aquí se abre la brecha más profunda entre la visión europea y la percepción nacional. Porque, tal como recuerdan los juristas más críticos, la Comisión de Venecia —órgano consultivo del Consejo de Europa— ya advirtió en marzo de 2024 que toda amnistía debe responder a fines verificables y consensuados: unidad nacional, pacificación y cierre de heridas.
Y eso, sostienen, dista mucho de lo ocurrido. A diferencia de la amnistía de 1977, fruto de un consenso transversal para consolidar la democracia, la actual nace de un acuerdo político bilateral —Gobierno e independentistas— que persigue objetivos opuestos al fortalecimiento institucional: mantener un Ejecutivo y satisfacer las exigencias de fuerzas que abogan abiertamente por romper el orden constitucional.
Una lectura “momificada” de la ley
Los críticos del informe hablan de una interpretación “excesivamente formalista”, ajena al contexto político real español. Se limita a examinar la letra de la ley, denuncian, sin atender a su espíritu ni a los efectos que puede generar en un Estado democrático sometido a tensiones secesionistas.
Una concepción del Derecho que, en palabras de sus detractores, convierte las leyes en piezas “disecadas”, incapaces de captar la realidad social que deberían regular.
Ahora, la palabra es del TJUE
El pronunciamiento definitivo del Tribunal de Justicia de la UE llegará en los próximos meses. España, Europa y especialmente los tribunales que deben aplicar la ley esperan esa sentencia como un punto de inflexión.
Si los magistrados europeos siguen la estela del abogado general, el Gobierno logrará un espaldarazo decisivo para la norma. Si, en cambio, el tribunal profundiza en el aspecto material y en el contexto político que rodea a la ley, la historia puede ser muy distinta.
De un modo u otro, Bruselas volverá a decidir sobre una de las leyes más controvertidas de la historia reciente de España.