El Gobierno se desquicia con el Supremo mientras el PP exige ya elecciones
Las críticas de altos cargos de la izquierda contra la sentencia del fiscal general evidencian una ofensiva institucional y mediática del Ejecutivo, mientras el PP advierte del riesgo para la independencia judicial y pide ir a las urnas
El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López
La portavoz del PP en el Congreso, Carmen Fúnez, ha lanzado una advertencia urgente: atacar al Tribunal Supremo por condenar al Fiscal General constituye cruzar “una línea peligrosa” para la separación de poderes. Fúnez ha subrayado que el Ejecutivo no puede “poner en cuestión a la Justicia simplemente porque no le gusta una sentencia”. Para ella, la decisión del Supremo ha sido legítima y el desprecio del Gobierno por el fallo “mina la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas”.
Al mismo tiempo, el descontento dentro del Ejecutivo no es homogéneo, sino que se convierte en una estrategia coordinada. Óscar López, ministro de Transformación Digital y Función Pública, catalogó la condena como “injusta” durante este sábado y prometió que esto no va a callar al partido: el ministro piensa que hay “chanchullos” institucionales que solo se pueden denunciar si no se tolera la crítica. No hay debate técnico, sino confrontación abierta, y eso pone en entredicho la autonomía del Poder Judicial.
Yolanda Díaz y el Golpe de Estado judicial
En paralelo, Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno, ha acusado a una parte del poder judicial de intentar “hacer caer al Ejecutivo”. Según Díaz, la sentencia del fiscal forma parte de un plan coordinado: “No es una crítica legal, sino una ofensiva política”, afirmó, lanzando una tesis conspiratoria que pone en la balanza no solo la justicia, sino la estabilidad del Gobierno. Su versión ha sido respaldada por otros sectores del Ejecutivo que comparten su indignación.
Una voz menos conocida, pero igualmente relevante, ha sido la de Montse Mínguez, portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, quien ha pedido a los jueces que no politicen su función. “Este tipo de magistrados terminan haciendo política en vez de aplicar el Derecho”, afirmó. Para ella, que habla en nombre del Partido Socialista, la decisión del Supremo ha sido leída por el Gobierno como un ataque frontal, y la respuesta obliga al reproche y al cuestionamiento público.
El PP, por su parte, no solo ha alertado sobre el riesgo institucional: sus portavoces ya hablan de la necesidad de un adelanto electoral. En su argumentación, la ofensiva del Ejecutivo contra el Tribunal Supremo no solo es una venganza política, sino una forma de erosionar la independencia judicial para controlar el relato y neutralizar al poder judicial.
En este complejo panorama, el Tribunal Supremo emerge como actor clave, no solo por dictaminar sobre figuras sensibles, sino por ser el centro simbólico donde se dirime la crisis de poder. A ojos del PP, sus magistrados han actuado dentro del marco de la ley, con autonomía, frente a los intentos del Gobierno por reapropiarse del control institucional. Para ellos, lo que está en juego no es solo la figura del fiscal general, sino la esencia misma de la democracia: que el Estado de Derecho no dependa de quién esté en Moncloa.