Sánchez propone a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado: ex portavoz de la UPF de Delgado y García Ortiz

El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido proponer a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado, en sustitución de Álvaro García Ortiz, apartado tras la condena del Tribunal Supremo que le impone dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Peramato es fiscal de carrera con 35 años de ejercicio y actualmente es fiscal de Sala Jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo. También es Fiscal de Sala Delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal. Proviene de la Unión Progresista de Fiscales, como sus antecesores Dolores Delgado y García Ortiz, donde fue portavoz.

Teresa Peramato tiene una trayectoria vinculada a la violencia de género, en 2005 fue nombrada fiscal delegada para la Sección de Violencia Sobre la Mujer en la Fiscalía Provincial de Madrid. También fue miembro del Grupo de Expertos del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer para la elaboración del Primer Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer (2007). Y ha ocupado el cargo de Fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer entre 2021 y 2025.

Con este nombramiento, Teresa Peramato se convertirá en la cuarta persona que ocupa el cargo de fiscal general del Estado desde que Pedro Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno en 2018. Antes que García Ortiz desempeñaron la función María José Segarra y Dolores Delgado, quien también renunció en su momento por motivos de salud. Hasta que el relevo quede formalizado, todo apunta a que las responsabilidades del puesto recaerán de manera temporal en Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal del Tribunal Supremo y número dos dentro de la estructura de la Fiscalía.

El procedimiento para designar al fiscal general del Estado está fijado en el artículo 124.4 de la Constitución: el Gobierno propone un candidato, el Consejo General del Poder Judicial emite un informe, no vinculante, y posteriormente el Ejecutivo traslada su elección al Congreso, que debe convocar una comparecencia ante la Comisión de Justicia antes de que el Rey firme el nombramiento. García Ortiz presentó oficialmente su dimisión este lunes mediante una carta dirigida al ministro de Justicia, Félix Bolaños, tras ser condenado a inhabilitación por el Tribunal Supremo.