Solo su indecencia y su miedo a las urnas mantienen a Pedro Sánchez en el poder

Ante la impresionante avalancha de imputaciones de personajes pertenecientes al entorno familiar y político de Pedro Sánchez por delitos ligados a la corrupción, las principales líneas de defensa del todavía presidente del Gobierno español han sido: en primer lugar, defender la inocencia de los acusados aludiendo que ninguno de ellos había sido condenado mediante sentencia firme; en segundo lugar, acusar a jueces fiscales y agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) de llevar a cabo una guerra sucia contra el PSOE debido a sus connotaciones franquistas; y, en tercer lugar, aducir que en caso de confirmarse la veracidad de alguna de las acusaciones que pesan sobre los encausados ni el Gobierno ni el partido socialista tenían conocimiento de sus actividades delictivas, careciendo por ello de cualquier tipo de responsabilidad política y penal.

Han ido cayendo uno detrás de otro como fichas de dominó

Sin embargo en los últimos días se han ido sucediendo una serie de acontecimientos que, por su importancia, han logrado poner en entredicho el relato sanchista, de tal forma que cada uno de los argumentos exculpatorios esgrimidos por el psicópata monclovita y su infernal cuadrilla de delincuentes han ido cayendo uno detrás de otro como fichas de dominó en el tablero de juego.

Así, acaba de salir a la luz un exhaustivo informe elaborado por la UCO en el que se pone de manifiesto con todo lujo de detalles como Santos Cerdán, es decir, aquel que hasta junio fue secretario de Organización del PSOE y por tanto mano derecha de P. Sánchez, se dedicaba en connivencia con su predecesor en el cargo, esto es, José Luis Ábalos, a amañar en beneficio propio y del partido socialista las adjudicaciones de obras públicas en favor de la empresa Acciona a cambio de recibir un 2% del montante total de los contratos a través de la mercantil Servinabar, de la que el empresario Antxón Alonso y el propio Santos Cerdán eran copropietarios. Como consecuencia de su actividad delictiva el botín a repartir entre los prebostes socialistas ascendió a la nada despreciable cifra de 6,7 millones de euros.

La existencia de un entramado delictivo 

Pero ahí no queda la cosa, ya que, para rematar su informe, los agentes de la UCO han destacado la existencia de una tupida red de corrupción en el seno del partido socialista con origen en Navarra y posteriormente extendida a todo el territorio nacional coincidiendo con el nombramiento de J. L Ábalos como ministro de Fomento, lo cual evidencia la enorme magnitud de la trama criminal. 

Si a todo ello añadimos los 90.000 euros que el empresario y nexo corruptor Víctor de Aldama hizo llegar al PSOE a través de la empresaria Carmen Pano, así como los sobres llenos de dinero no incluido en la contabilidad oficial del PSOE saliendo de la sede de Ferraz para llenar los bolsillos de altos cargos socialistas, incluido el presidente del Gobierno, parece legítimo pensar en la existencia de un entramado delictivo dirigida a financiar ilegalmente al PSOE, algo que no hace otra cosa que otorgar visos de verosimilitud a la definitiva reconversión del partido socialista en una organización criminal.

Resulta inverosímil pensar que Sánchez no tuviera un conocimiento de las numerosas actividades delictivas

Pero aquí no acaban las andanzas delictuosas del socialismo patrio como demuestra el hecho de que la UCO y la Fiscalía Anticorrupción hayan acusado formalmente a J. L. Ábalos y a su asesor en el Ministerio, Koldo García, por malversación, cohecho continuado, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal, debido a las “mordidas” recibidas por la compra de mascarillas durante la pandemia, con el agravante de que todo ello sucedió mientras miles de españoles morían a causa de la Covid-19. 

Por todo ello la Fiscalía solicita penas de cárcel de 24 años para J. L. Ábalos y 19,5 años para Koldo García, por entender que está suficientemente acreditada la puesta en marcha de una maquinaria delictiva que coincide en el tiempo con el acceso de P. Sánchez a la Secretaría General del PSOE y posteriormente a la Presidencia del Gobierno. 

En consecuencia y dado el exhaustivo control que el autócrata monclovita ejerce sobre el partido socialista resulta inverosímil pensar que P. Sánchez no tuviera un conocimiento pormenorizado de las numerosas actividades delictivas desarrolladas por sus más directos colaboradores, sobre todos teniendo en cuenta que con todos ellos compartió coche, mesa y hotel cuando viajaban por toda España en busca de los votos necesarios para hacerse con las riendas del PSOE, razón por la cual cabe señalar que la opción de la inocencia de P. Sánchez no es admisible ni siquiera con la mejor de las voluntades.

La condena del fiscal general conlleva un enorme deterioro institucional

Para completar la semana trágica socialista el Tribunal Supremo (TS) condenó a Álvaro García Ortiz, el incompetente pelele puesto por P. Sánchez al frente de la Fiscalía General del Estado (FGE), a una multa de 7.200 euros, al pago de una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador y a 2 años de inhabilitación para cargo público por un delito de revelación de datos confidenciales de la pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso.

Evidentemente, la condena del fiscal general del Estado, amén de ser un hecho sin precedentes en la historia de la democracia española, conlleva un enorme deterioro institucional, ya que viene a confirmar que el organismo encargado de luchar contra la delincuencia y el crimen organizado resulta que está dirigido por un consumado delincuente, el cual, para más inri, tiene la desfachatez de defender su delictiva actuación al proclamar durante el juicio que “la verdad no se filtra, se defiende”, siendo esta declaración a todas luces autoinculpatoria una muestra del elevado grado de degeneración moral al que ha llegado tan afamado títere.

Sánchez ha debilitado la separación de poderes

Como no podía ser de otra forma P. Sánchez también se haya en el epicentro de este acto delictivo ya que fue desde el Palacio de La Moncloa de donde procedió la orden de filtrar los datos de González Amador para así iniciar una campaña de acoso y derribo contra una Isabel Díaz Ayuso definitivamente convertida en su más insigne némesis, básicamente porque cada vez que han echado un pulso la musa de los madriles no solo es que le haya doblado el brazo al psicópata monclovita, es que la ha roto el cúbito y el radio, demostrando con ello una superioridad política a todas luces apabullante.

En consecuencia, no es ni mucho menos descabellado afirmar que P. Sánchez no solo ha menoscabado el imperio de la ley al poner a la FGE al servicio de sus espurios intereses, sino que también ha debilitado la separación de poderes al colocar al Poder Judicial en una situación de subsidiaridad respecto al Poder Ejecutivo, demostrando con todo ello su talante autoritario y su proverbial desprecio al Estado de Derecho y a la democracia.

En definitiva, sin un programa político que vertebre la acción de gobierno, sin una mayoría parlamentaria que permita la actividad legislativa, inmerso en la mayor de las corrupciones y con una deserción cada vez más amplia de sus antiguos simpatizantes, a P. Sánchez solo le mantiene en el poder su absoluta indecencia y su exacerbado miedo a la expresión en las urnas de la soberanía popular.