Las sombras de Teresa Peramato: defensora de la ley del sólo sí es sí y discípula de Dolores Delgado y García Ortiz

La llegada de Teresa Peramato a la jefatura de la Fiscalía General del Estado no ha sobresaltado a nadie dentro del Ministerio Público. Su nombre era el relevo natural para garantizar la continuidad de la línea de control por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, la misma que instauró Dolores Delgado -exministra de Justicia, mujer de Baltasar Garzón y activa manifestante contra la condena del ahora defenestrado García Ortiz- cuando aterrizó en la cúspide fiscal. Tras la salida forzada de Delgado, el testigo lo tomó su mano derecha, Álvaro García Ortiz, ahora inhabilitado por el Supremo por revelar secretos. Y ahora, tras su caída, el Ejecutivo pretende que sea Peramato quien mantenga el hilo conductor de esta etapa marcada por nombramientos en cadena de un mismo círculo.

Teresa Peramato no es una figura ajena a las estructuras que han sostenido a Dolores Delgado y García Ortiz. Cuando la exministra de Justicia fue nombrada fiscal general, Peramato era la portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), desde donde pidió públicamente un voto de confianza para Delgado, alineándose con el discurso del PSOE: "la experiencia política no era un lastre, sino un valor añadido para garantizar la imparcialidad" del Ministerio Público. Durante el mandato de Delgado, en 2021, la futura fiscal general del Estado ascendió a fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer. Y bajo el mando de García Ortiz volvió a ser promocionada, esta vez como fiscal de Sala Jefa de la Sección Penal del Tribunal Supremo, un puesto clave dentro de la estructura.

Con más de tres décadas en la carrera fiscal, con pasos por Tenerife, Valladolid, Barcelona, el Tribunal Constitucional y la Fiscalía especializada en Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato se ha consolidado como una referencia en su ámbito. Pero como principal punto negro fue una de las voces que defendió con mayor firmeza la polémica ley del sólo sí es sí de Irene Montero, incluso cuando las rebajas de penas a agresores sexuales y excarcelaciones empezaron a multiplicarse. En 2023, lejos de rectificar, pidió “poner en valor lo bueno” de una norma que había provocado un terremoto judicial y político sin precedentes. Para la nueva fiscal general del Estado, los efectos indeseados habían “opacado” los avances, una visión plenamente alineada con el discurso que el Gobierno de Sánchez trató de sostener contra viento y marea con la polémica norma.

El nombre de Teresa Peramato ha tenido además otro peso específico dentro de las quinielas del Gobierno: no ha intervenido en ninguna de las piezas que rodean el caso de González Amador ni en el juicio por filtración que ha terminado tumbando a Álvaro García Ortiz. Esto la sitúa, a ojos del Gobierno, como una figura del entorno sanchista de la UPF pero “limpia” en un momento en el que la Fiscalía necesita reconstruir su imagen pública. No ocurría lo mismo con otras figuras del círculo de García Ortiz, como Ángeles Sánchez Conde, la número dos del Supremo que ejerció en el juicio casi como una defensora suplementaria del caído fiscal general del Estado, o Esmeralda Rasillo, también promocionada en esta etapa y obligada a declarar como testigo ante el Supremo.