El PP se prepara para dar la batalla ante el posible indulto del Gobierno a García Ortiz en contra del Supremo
El posible indulto a Álvaro García Ortiz, recientemente condenado por el Supremo, abrió este martes un nuevo frente entre el Gobierno y los populares. La vicepresidenta María Jesús Montero evitó descartar esa opción en el Senado.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
El clima político volvió a tensarse en el Senado con un choque directo entre el Gobierno y el Partido Popular a propósito del futuro de Álvaro García Ortiz, recientemente condenado por el Tribunal Supremo -tal y como desveló el tribunal en un fallo- por revelación de datos reservados —a falta todavía de conocerse la sentencia y su motivación—. La posibilidad de que el Ejecutivo contemple un indulto planea ya sobre el debate institucional y el PP ha decidido dar la batalla sin matices.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, rehuyó este martes un pronunciamiento explícito sobre si el Gobierno descarta indultar a García Ortiz. La pregunta, formulada de manera directa por la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, no obtuvo respuesta. Montero se limitó a reiterar que el Ejecutivo continúa defendiendo “la inocencia” del fiscal general pese al fallo avanzado por el Supremo, un posicionamiento que profundiza el choque entre el poder judicial y el Ejecutivo en un caso sin precedentes en democracia reciente.
Un PP al ataque: “En una democracia se acatan las sentencias”
El PP aprovechó su turno de control para elevar la presión política. Alicia García acusó al Gobierno de haber convertido al fiscal general en “su fiscal”, y repasó la secuencia a su juicio reveladora: “Cuando lo imputaron lo protegieron; cuando lo procesaron, lo defendieron; y cuando lo condenan, hablan de golpe judicial”. La senadora denunció además que desde el Ejecutivo “agradecen los servicios” al fiscal pese a la condena y “señalan a jueces”, en referencia a declaraciones críticas lanzadas desde el entorno gubernamental.
El tono subió varios grados cuando García advirtió de que “en una democracia el Gobierno acata las sentencias; si las ataca, corrompe el sistema”. Y, en una crítica directa al presidente Sánchez, afirmó que “en los regímenes autoritarios el poder protege solo a los suyos; en democracia nadie está por encima de la ley, ni tan siquiera el entorno del presidente, ni siquiera Pedro Sánchez”.
La portavoz del PP en el Senado, Alicia García.
La portavoz popular llegó a sostener que Sánchez “se rodea de delincuentes y se siente orgulloso de ellos”, citando como ejemplo elogios pasados del presidente hacia figuras como Santos Cerdán, José Luis Ábalos o el propio García Ortiz. También recuperó el acuerdo alcanzado en su día con EH Bildu, al que calificó de “pacto encapuchado” y con implicaciones, aseguró, “políticas y económicas”.
El PP no critica el perfil de la nueva Fiscal General elegida por el Gobierno pero sí quién la nombra
El PP no ha entrado al ataque por el perfil elegido por el Ejecutivo para sustituir a García Ortiz: Teresa Peramato, fiscal con 35 años de trayectoria, especialista en violencia de género y actual jefa de la Sección Penal del Supremo. Un currículum de difícil fisura para la estrategia de ataque popular, que ha obligado al partido a modular su discurso.
Los populares han reconocido el “currículum ejemplar” de Peramato. Pero esa concesión no ha impedido que el partido introduzca sus reservas. La portavoz parlamentaria Ester Muñoz sintetizó el recelo: “Nos preguntamos si, en el caso de que el Gobierno le pida que cometa delitos para atacar a rivales políticos, también lo va a hacer”. Una insinuación dura que evidencia que el PP no piensa rebajar el tono a pesar del perfil de la candidata.
En síntesis, la cuestión del indulto —potencial, no confirmada— a García Ortiz se ha convertido, de facto, en un nuevo frente de confrontación institucional. Para el PP, sería una línea roja que dinamitaría la separación de poderes; para el Gobierno, una decisión todavía no planteada formalmente pero envuelta en la defensa política de un fiscal general al que considera injustamente tratado por el Supremo.
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Marta Gómez Montero