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EL FISCAL GENERAL CONDENADO: Pedro Sánchez recibe un golpe letal tras su apoyo

El Supremo condena a Álvaro García Ortiz a 2 años de inhabilitación por filtrar el correo contra Ayuso y debe indemnizar a González Armador con 10.000 euros. El Gobierno consigue una condena para la historia de España y queda tocado tras su respaldo incondicional

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sentado en el banquillo del Tribunal Supremo.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sentado en el banquillo del Tribunal Supremo.TRIBUNAL SUPREMO

Enrique Martínez Olmos

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El Tribunal Supremo ha condenado a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, por revelación de secretos, lo que implica pena de multa (7.200 euros) e inhabilitación. Además, deberá indemnizar al novio de Ayuso, Alberto González Amador, con 10.000 euros. Esto supone un golpe letal para el propio Pedro Sánchez y para el Gobierno, que han manifestado en todo momento su apoyo a García Ortiz y que era inocente, incluso negándose a cesarlo tras ser procesado y provocar la imagen histórica de un fiscal general siendo juzgado en ejercicio. Ahora el sanchismo se lleva una condena para la historia y para la vergüenza de España, y García Ortiz deberá abandonar su cargo al ser inhabilitado. 

La sentencia del Tribunal Supremo establece que "debemos condenar y condenamos a Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, como autor de un delito de revelación de datos reservados, art. 417.1 del Código Penal a la pena de multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros e inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado por tiempo de 2 años, y al pago de las costas procesales correspondientes incluyendo las de la acusación particular. Como responsabilidad civil se declara que el condenado deberá indemnizar a Alberto González Amador a 10.000 euros por daños morales". 

García Ortiz podría intentar frenar la condena presentando un incidente de nulidad ante el propio Supremo, un recurso que pocas veces prospera pero que resulta necesario si en el futuro quisiera acudir en amparo al Tribunal Constitucional. De optar por esta estrategia también tendría la posibilidad de solicitar al Tribunal Constitucional que suspenda cautelarmente la ejecución de la condena mientras analiza el recurso. 

En cualquier caso, el fiscal general se encuentra ya en una situación inédita y muy comprometida, con una condena que pesa directamente sobre su cargo y la credibilidad institucional de la Fiscalía, además de tambalear los cimientos del PSOE y el Gobierno, que lo han defendido públicamente seguros de que no iba a ser condenado.

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