Un preso con 170 partes y 29 años de condena revienta la boca a un funcionario en Botafuegos

Este martes a primera hora de la mañana en el centro penitenciario de Botafuegos (Algeciras) se declaraba un código rojo después de que un funcionario fuera víctima de una agresión. Se trata de una más en un 2025 que, según todos los indicios, superará las más de 500 agresiones registradas en 2024 en las cárceles dependientes de la Administración General del Estado (excluyendo las de Cataluña).

El autor de los hechos es un interno de 40 años que ingresó por primera vez en prisión en 2004 y acumula condenas que suman más de 29 años por delitos como lesiones, atentado contra agente de la autoridad, tráfico de drogas, robo con violencia, quebrantamiento de condena, falso testimonio o amenazas, entre otros.

A su extenso historial delictivo se suma un igualmente largo expediente penitenciario por mala conducta: más de 170 partes disciplinarios por insultos, amenazas, coacciones, autolesiones, posesión de objetos prohibidos o negativa a obedecer órdenes. Por su constante inadaptación ha pasado por los centros de León, Teixeiro, Puerto 3, A Lama, Murcia y, actualmente, Algeciras.

Precisamente este mismo martes, durante el reparto de economato, los trabajadores observaron que el recluso tenía una sábana manchada de sangre y Betadine y amenazaba con cortarse el cuello si se acercaban más funcionarios. Tras aparentar calma y colaboración, de forma repentina propinó patadas y un puñetazo en la boca a uno de los empleados, que tuvo que ser atendido primero en la enfermería del centro y después en el hospital. Además, profirió amenazas de muerte contra otros dos compañeros.

Ese mismo día se solicitó a la dirección de la prisión su traslado inmediato a otro establecimiento más acorde con su perfil de conflictividad, así como la remisión de los hechos al juzgado de guardia por si pudieran ser constitutivos de delito.

Desde el sindicato ACAIP-UGT vuelven a dirigirse al secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz: «volvemos a dirigirnos al secretario general de Instituciones Penitenciarias, Sr. Ángel Luis Ortiz, para que finalmente muestre buena fe y atienda las reivindicaciones ininterrumpidas que les vienen señalando sus propios trabajadores, invitándole a terminar de elaborar un nuevo protocolo específico de actuación frente a las agresiones (PEAFA) puesto que el actual está desfasado, caduco, arcaico y obsoleto. Cada 15 horas un trabajador penitenciario es objeto de una agresión, entre otros motivos porque el recluso no tiene miedo debido a que los hechos se tramitan judicialmente como falta y no como delito, por ello las condenas son irrisorias; una de las soluciones pasa por el reconocimiento de agente de la autoridad para todos los empleados penitenciarios, es una reivindicación histórica, pero parece que tampoco se aprobará con el Sr. Ortiz en el cargo».

Los representantes sindicales añaden que «el actual mandamás de las prisiones españolas asumió el cargo hace más de 7 años, cada día que transcurre muestra su incapacidad para dirigir las prisiones españolas, los problemas crecen, las cifras de incidentes aumentan, las agresiones también aumentan, los funcionarios de prisiones ostentamos el título de ser el colectivo de empleados públicos que más agresiones sufren en el desempeño de su trabajo, como también se incrementa año tras año el sueldo bruto anual del responsable de instituciones penitenciarias que ascendió en el año 2024 a un total de 144.763,59 €. Por último, felicitar a los funcionarios intervinientes en el altercado además de una rápida recuperación al agredido».

Según datos recientes, en las cárceles españolas se agrede a un funcionario de prisiones cada pocas horas. Ejemplo de ello fue el negro fin de semana de agosto pasado: un trabajador del módulo de enfermos mentales de Sevilla II fue estrangulado por la espalda por un interno con amplio historial violento; apenas 24 horas después, una funcionaria en prácticas del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla recibió un golpe en la cara durante la subida del módulo de agudos; y el domingo otro funcionario de Madrid III (Valdemoro) resultó lesionado al intentar separar una pelea entre reclusos.

En el caso del interno más conflictivo de Algeciras, pese a los numerosos informes de peligrosidad, permanecía en un módulo de baja conflictividad con un solo funcionario de servicio, «lo que evidencia una grave negligencia institucional», según ACAIP-UGT. El agresor del módulo psiquiátrico de Sevilla acumulaba más de 40 antecedentes por ataques al personal y acababa de agredir a un trabajador en Alicante, en un centro que arrastra cerca del 30 % de vacantes en vigilancia y más del 70 % en plazas médicas.

Desde 2016, las agresiones a funcionarios penitenciarios han aumentado un 53,49 % sin que aún existan protocolos actualizados ni medidas reales de protección para los trabajadores víctimas.