El Congreso blinda al Gobierno y tumba las mociones de PP y Vox para frenar el deterioro institucional en la Fiscalía
PSOE, Sumar y sus socios parlamentarios vuelven a cerrar filas con el Ejecutivo y rechazan las propuestas del PP y Vox para garantizar la independencia de la Fiscalía tras la condena del ex fiscal general. La Cámara desoye así las peticiones de reforzar las garantías frente a nuevas presiones políticas
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con als Cortes, Félix Bolaños, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados 10/12/2025
El Congreso ha frenado este jueves cualquier intento de introducir medidas de transparencia y refuerzo institucional en la Fiscalía General del Estado. Tanto la moción del Partido Popular como la de Vox, ambas dirigidas a garantizar la independencia del Ministerio Público después de la condena de Álvaro García Ortiz, fueron rechazadas por la mayoría que sostiene al Gobierno de Pedro Sánchez, con el respaldo habitual de sus socios parlamentarios y también de Junts.
Las dos iniciativas se debatieron como consecuencia de las interpelaciones dirigidas al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en el último pleno. En ambos casos, el resultado fue el mismo: el Gobierno y su bloque parlamentario activaron el escudo que viene protegiendo cada paso del Ejecutivo en materia institucional.
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La moción del PP, que planteaba algo tan elemental como que el Gobierno se abstuviera de dar instrucciones a la nueva fiscal general, Teresa Peramato, recibió 179 votos en contra del PSOE, Sumar y el resto de aliados de Sánchez, además de Junts. Solo PP, Vox y UPN —169 votos— apoyaron una propuesta que también instaba al Ejecutivo a no presionar a la fiscal general para vulnerar la ley, recordando que García Ortiz fue condenado a dos años de inhabilitación por revelar información fiscal sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
Los populares reclamaban, además, impedir que el ex fiscal general pudiera ser nombrado para cualquier cargo público y frenar las manifestaciones organizadas por miembros del Gobierno contra decisiones del Tribunal Supremo, como la planteada por la vicepresidenta Yolanda Díaz tras conocerse la sentencia. El texto incluía también un llamamiento a adecuar el funcionamiento de RTVE al Reglamento europeo sobre libertad de medios, evitando así que se utilicen los medios públicos para atacar al Poder Judicial, tal y como denunció el PP.
El rechazo a la moción de Vox fue igualmente contundente: 178 votos en contra frente a 170 a favor. La iniciativa de la formación de Santiago Abascal advertía de un “deterioro institucional intolerable” y planteaba la convocatoria inmediata de elecciones, la reforma de diversas leyes para blindar la neutralidad de los altos cargos y medidas para asegurar la independencia del fiscal general, subrayando el “perfil ideológico” de la nueva titular.
Además, Vox reclamaba retirar los proyectos de reforma del Estatuto Fiscal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como cualquier iniciativa legal que afecte al Poder Judicial o al Ministerio Fiscal. También proponía una modificación profunda de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los doce vocales de procedencia judicial del Consejo General del Poder Judicial fueran elegidos directamente por jueces y magistrados, mediante voto personal, igual, directo y secreto.
La mayoría parlamentaria del Gobierno volvió así a cerrar filas en torno a un modelo institucional cuestionado desde la oposición, especialmente tras la condena del ex fiscal general García Ortiz. Ni PP ni Vox lograron que la Cámara diese un paso hacia reformas que, según sus portavoces, buscan proteger la independencia de las instituciones y frenar las interferencias políticas.