"Error de comunicación" pero no encumbrimiento: el PSOE reconoce fallos graves con Salazar pero evita la Justicia

La dirección del PSOE ha cerrado finalmente el expediente interno sobre los presuntos casos de acoso sexual que afectan al exasesor de Moncloa Francisco Salazar, después de meses de demora y de no contactar con las denunciantes hasta que se destapó la situación. Pese a considerar que Salazar incurrió en una falta “muy grave”, el partido ha decidido no trasladar el caso a la Fiscalía, limitando las consecuencias al ámbito orgánico y no cruzando la línea hacia lo judicial.

La secretaria de Organización, Rebeca Torró, ha comunicado las conclusiones del informe en una comparecencia en Ferraz. Según ha explicado, el PSOE reconoce un “error de comunicación” con las víctimas, que estuvieron cuatro meses sin recibir contacto alguno desde que lanzaron sus alertas al canal interno. Aun así, Torró ha negado de forma insistente y repetida cualquier intento de ocultación, sosteniendo que el partido ha actuado “con contundencia” desde el primer momento.

El informe concluye que la conducta de Salazar es contraria al código ético socialista y constituye una falta “muy grave”. Aunque el exdirigente ya había solicitado su baja como militante, Ferraz establece que no podrá reincorporarse automáticamente en un futuro. El partido también abre un expediente informativo a su número dos en Moncloa, Antonio Hernández, destituido recientemente, para esclarecer si encubrió a su superior.

A pesar de la gravedad interna que el PSOE atribuye a los hechos, Torró ha insistido en que corresponde a las víctimas —y no al partido— decidir si acuden a los tribunales. Añadió que quienes opten por judicializar el caso recibirán apoyo jurídico y psicológico. Sin embargo, también subrayó que hay denunciantes que prefieren no seguir esa vía.

La dirigencia socialista sostiene que adoptó medidas inmediatas en julio, tras conocer los primeros testimonios, incluso antes de que las denuncias llegaran al canal interno. No obstante, admitió que fue necesario “corregir fallos” cuando un medio de comunicación advirtió que las denunciantes llevaban meses sin ser atendidas. “Nadie ha tratado de tapar ni encubrir ningún caso”, ha sostenido Torró.

Ante la incesante proliferación de este tipo de denuncias en el PSOE (un alcalde en Córdoba con mensajes subidos de tono a una subordinada o el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, acusado de lo mismo que Salazar) Ferraz anuncia ahora una batería de cambios: reforzar el órgano antiacoso con más apoyo jurídico, revisar el protocolo con gabinetes especializados, mejorar la atención a las denunciantes e impulsar campañas informativas sobre cómo tramitar denuncias dentro del partido. El presidente Pedro Sánchez había atribuido recientemente los retrasos a la falta de recursos en dicho órgano.

Con esta resolución, Ferraz intenta zanjar un caso que ha puesto en cuestión su capacidad de respuesta ante denuncias internas de acoso. Sin embargo, a raíz de lo de Salazar los casos dentro del partido están saliendo a la luz y cada semana se conocen más casos de este tipo de conductas.