El PSOE convierte su canal antiacoso en un campo de batalla interno: estalla el caso de La Coruña

El PSOE vuelve a mirarse al espejo y lo que ve no es precisamente el discurso de ejemplaridad que predica en público. El canal interno habilitado por el partido para denunciar casos de acoso laboral y machista se ha convertido en una vía habitual para dirimir guerras internas. El último estallido se produce en La Coruña, uno de los principales bastiones socialistas en Galicia.

Dos exconcejalas del Ayuntamiento han presentado denuncias contra la alcaldesa, Inés Rey, y contra el concejal José Manuel Lage, acusándoles de un supuesto acoso laboral durante su etapa en el gobierno municipal. La vía elegida no es casual: el canal confidencial del PSOE, promocionado por Ferraz como garantía de protección para las víctimas.

La versión de la alcaldesa: ajuste de cuentas

La respuesta de Inés Rey ha sido directa y sin paños calientes. La regidora socialista sostiene que las denuncias no tienen nada que ver con situaciones reales de acoso, sino con un claro «ajuste de cuentas» político tras haber quedado las denunciantes fuera de las listas electorales en el actual mandato.

Según el entorno de la alcaldesa, la exclusión habría sido el detonante de una ofensiva interna que ahora se canaliza a través de un mecanismo especialmente sensible, con el consiguiente daño reputacional y político.

Un canal pensado para denuncias machistas

La alcaldesa ha ido un paso más allá al denunciar el «uso espurio» de un canal concebido específicamente para denuncias machistas anónimas y situaciones de especial vulnerabilidad. Una acusación grave que apunta directamente a la banalización de una herramienta que el PSOE ha convertido en uno de sus estandartes éticos.

El caso plantea una pregunta incómoda: ¿qué ocurre cuando los instrumentos creados para proteger se utilizan como palanca de presión política dentro del propio partido?

Un caso más en una larga lista interna

El episodio de La Coruña no irrumpe en el vacío. Se suma a una sucesión de denuncias por presunto acoso que en los últimos años han salpicado al PSOE en distintos territorios, desde conflictos internos en federaciones autonómicas hasta enfrentamientos en ayuntamientos y agrupaciones locales, muchos de ellos tramitados —o directamente aireados— a través del mismo canal interno del partido.

Casos en comunidades como Andalucía, la Comunidad Valenciana o Madrid han evidenciado un patrón recurrente: disputas orgánicas, purgas internas y ajustes de poder que acaban envueltos en el lenguaje del acoso laboral o político. Un terreno resbaladizo que Ferraz prefiere no pisar públicamente, optando por el silencio administrativo mientras los expedientes se amontonan.

El resultado es un desgaste constante. Cada nueva denuncia diluye la gravedad de las anteriores y convierte una herramienta concebida para proteger a las víctimas reales en un recurso habitual de presión interna. El PSOE, que presume de superioridad moral y liderazgo feminista, ve cómo sus propias banderas se vuelven contra él.

Porque cuando el acoso se convierte en comodín político, el mensaje se desvirtúa. Y cuando los mecanismos de protección se banalizan, quienes realmente los necesitan quedan relegados al ruido de la guerra interna.