Hacienda sabía que la firma del ex amo de SEPI cobró 730.000 euros por “mediaciones”

La firma investigada como centro de cobros de Leire Martínez, Vicente Fernández y Antxon Alonso facturó 730.000 euros entre 2021 y 2023. 

Mediaciones Martínez supera el monto de mordidas cobradas o pactadas que la UCO atribuye al trío. Si eran comisiones, fueron transparentes para Hacienda. Retratan pagador y receptor. 

¿Qué hizo Montero? Cobrarle impuestos por los supuestas comisiones. Casi 100.000 euros.

Montero ha conocido año tras año que esa empresa de su ex capo de SEPI y la “friki” fontanera del PSOE cobraba por mediación o consultoría vinculadas a contratistas del estado. 

Declaraba tales ingresos al fisco e incluso pagaba impuestos. Y, por si fuera poco, delataba al fisco a sus a sus clientes tanto por el modelo 347 (pagos o ingresos superiores a 3.000 euros) como por el pago del IVA. El dinero no entraba ni salía en billetes como en la caja del PSOE.

El máximo ingreso se produce en 2022: 505.000 euros. Ese año, según fuentes vinculadas a la firma, se firma un contrato con Tubos Reunidos para asesorar sobre la aplicación del crédito participativo de SEPI obtenido un año antes por 112,8 millones. El juez cifra el pago por tal mediación en 114.000 euros.

Una ayuda que firma el Gobierno de Sánchez en pleno. Recibe un triple respaldo previo sobre su carácter estratégico: Secretaría general de Industria (Maroto), viceconsejería de Industria de Urkullu y Universidad de Deusto.

La propuesta fue validada por asesores contratados por SEPI, no por Tubos Reunidos, y la abogacía del Estado.

Todo ello fue pilotado por el presidente de SEPI, sucesor de Fernández, y el consejo gestor de las ayudas. Dicho consejo, amén del presidente o vicepresidente de SEPI (Hacienda), estaba integrado por los titulares de la Secretaría de Estado de Economía (Calviño), Subsecretaría de Hacienda (Montero), Secretaría General de Industria (Maroto), y Secretaría de Estado de Energía (Ribera). 

Y directores generales designados por ministerios afectados. SEPI debía informar mensualmente al ministerio de Montero del proceso.

Ahí están las teclas que un lobby debía tocar para que sonara la flauta de un rescate o ayuda en consejo de ministros.

Su actuación sería tan legal o ilegal como cuando Acento apadrina la OPA de BBVA o la venta de Air Europa a IAG. Querer influir en decisiones del Gobierno. Si rebasó el ámbito legal de persuasión debió contar con la complicidad inicial de Montero, Calviño, Maroto y Ribera…y luego el gobierno en pleno con Sánchez a la cabeza. 

Montero sabrá si estaba al alcance de la “friki” Leire y un expresidente de SEPI al que dice no conocer.

Según la UCO la firma del trío cobra 114.000 euros por asesorar a Tubos Reunidos para la concesión del rescate, pero desde Mediaciones Martínez se asegura que fue posterior al otorgamiento del crédito participativo.

Su objetivo era guiar sobre la aplicación de la ayuda concedida. La tesorería parece avalar tal versión. En 2021 sólo facturó 47.000 euros.

Curiosamente, no hay ingresos en la firma antes de la entrada societaria de Leire y compañía en 2021.

En 2023, tras el éxito de 2022, los ingresos bajan a 177.000 euros. Y no hay cobros en 2024. 

El bajón y luego parón coincide con la querella (2023) y posterior detención (2024) de Koldo y una veintena de integrantes de la trama de las mascarillas. Pero fuentes de la empresa niegan tal vinculación. 

Apuntan que se habían acabado una serie de igualas de asesoramiento que tenían con media docena de empresas.

Dos delitos que no cometieron

El juez invoca dos delitos que no pudieron cometer los tres investigados: prevaricación y malversación. Estaban fuera de la administración cuando se produjeron los hechos. 

Por tanto, si la investigación acierta en sus sospechas, el amaño de contratos o subvenciones implica a cargos activos entonces (y hoy en algunos casos) en el gobierno de Sánchez. 

Los imputados alegan haberse limitado a asesorar a contratistas estatales para presentar ofertas cuando ya no pisaban despachos oficiales. 

No es una novedad. La trama de hidrocarburos muestra como cargos de Ribera asesoraron a representantes de la firma recomendada por Aldama para lograr ser legalizada. Y no están imputados.

Si Leire o Fernández podían forzar un crédito participativo de 113 millones firmado por un Consejo de Ministros presidido por Sánchez es algo que toca al juez desentrañar. 

El tráfico de influencias exige superioridad o cercanía personal con el influido. ¿Tenían influencia sobre Montero, madre del rescate, y demás ministros?

En la cara b del negocio resalta que la firma del trío nunca ha tenido empleados. Como Servinabar. Pero eso no le impidió ser contratada por el Gobierno navarro o central.

En la cara a destaca que estos presuntos comisionistas han pagado impuestos, a diferencia de algunos empresarios rescatados.