El Gobierno arranca el año sin presupuestos, presionado por ERC y con Venezuela en la agenda internacional

El comienzo de 2026 sitúa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante un escenario marcado por la fragilidad parlamentaria del Ejecutivo y por las críticas generadas en torno a la política exterior. La falta de apoyos estables en el Congreso y la gestión de la crisis en Venezuela condicionan la agenda política de Moncloa en un momento clave de la legislatura.

Dependencia de ERC y bloqueo legislativo

El Ejecutivo inicia el año sin haber logrado aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2026, lo que obliga a mantener prorrogadas unas cuentas elaboradas para un contexto político distinto. Esta situación evidencia la debilidad de la mayoría parlamentaria y la dificultad del Gobierno para garantizar estabilidad legislativa.

Buena parte de la actividad del Congreso permanece bloqueada a la espera de acuerdos con los socios habituales. Entre las normas pendientes figuran iniciativas relevantes en materia social, sanitaria y administrativa, cuyo avance depende del respaldo de formaciones que condicionan su apoyo a concesiones políticas concretas.

En este contexto, Sánchez mantiene una reunión clave con Oriol Junqueras, dirigente de ERC, con el objetivo de asegurar la continuidad de la legislatura. ERC exige avances en un nuevo modelo de financiación autonómica que otorgue a Cataluña mayor capacidad de gestión fiscal, una reivindicación que sigue generando debate político y territorial.

La dependencia del voto independentista vuelve así a situarse en el centro de la acción del Gobierno, en un momento en el que el calendario parlamentario se estrecha y varias leyes deben superar el trámite de enmiendas en las próximas semanas

Acumulación inédita de leyes pendientes en el Congreso

A día de hoy, 125 iniciativas legislativas continúan en fase de enmiendas hasta el próximo 4 de febrero, un mecanismo que permite retrasar su paso por el Pleno y aplazar tanto el debate como la votación. Esta situación fue puesta de relieve en la última reunión telemática de la Mesa del Congreso, celebrada antes del cierre de 2025, donde se alertó del volumen acumulado de normas sin tramitar.

Durante ese encuentro, el Grupo Popular solicitó que su protesta quedara reflejada oficialmente en el acta, al considerar anómala la paralización de tantos proyectos. Sin embargo, la mayoría formada por PSOE y Sumar impidió que prosperara cualquier iniciativa del PP para desbloquear la situación. 

Dentro de ese conjunto de normas retenidas, 24 leyes destacan por su relevancia. Entre ellas figuran la Ley de Familias, la reforma del Sistema Nacional de Salud, la norma para prevenir el consumo de alcohol entre menores, la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, la ley de inclusión de las personas con discapacidad y la Ley de Información Clasificada, todas ellas pendientes de avanzar en su tramitación parlamentaria.

Tensión internacional por la crisis en Venezuela

La crisis en Venezuela se ha incorporado a la agenda exterior del Gobierno en un momento de especial debilidad interna. Los acontecimientos registrados en el país latinoamericano tras la detención de Nicolás Maduro y la posterior actuación de Estados Unidos han situado la posición de España bajo observación en el ámbito diplomático.

La reacción inicial del Ejecutivo español fue recibida con cautela y se produjo tras varios días de incertidumbre internacional, lo que abrió un debate político sobre la falta de una respuesta inmediata y alineada con otros socios occidentales. La postura adoptada por Moncloa se ha caracterizado por evitar un respaldo explícito a la intervención militar y por insistir en el respeto al derecho internacional.

España se ha desmarcado parcialmente de la respuesta conjunta impulsada por algunos países de la Unión Europea, lo que ha generado discrepancias tanto dentro del propio Gobierno como en el ámbito parlamentario. Esta diferencia de enfoque ha reactivado el debate sobre el papel de España en escenarios internacionales de alta tensión y su grado de alineamiento con sus aliados tradicionales.

Desde el Ejecutivo se defiende una estrategia basada en la prudencia diplomática y en la búsqueda de una salida negociada al conflicto, una línea que conecta con el papel desempeñado por España en procesos anteriores de mediación en Venezuela, en los que participó el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

El Gobierno ha subrayado la prioridad de garantizar la seguridad de los ciudadanos españoles residentes en el país y de mantener operativos los canales consulares. Todo ello se produce en un contexto internacional complejo que añade un elemento adicional a la agenda del Ejecutivo, ya condicionada por la inestabilidad parlamentaria y la falta de apoyos suficientes en el Congreso.