Arranca el juicio en Toledo contra seis acusados por someter a siete personas a explotación sexual

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo juzga hoy y mañana, 7 y 8 de enero, a seis personas —O.O.O.R., J.J.R., A.K.P.N., G.A.O.G., L.M.M.L y J.A.F.M.— acusadas de trasladar desde Colombia a España a siete personas con fines de explotación sexual. El juicio ya fue suspendido el pasado mes de septiembre, cuando estaba previsto celebrarse por primera vez.

De acuerdo con el relato de la Fiscalía, O.O.O.R. y A.K.P.N., pareja sentimental, se establecieron en Toledo. Junto a otros acusados, entre ellos J.J.R. y G.A.O.G., hermanos de O.O.O.R., habrían actuado de forma coordinada para llevar a cabo un plan destinado a obtener beneficios económicos ilegales mediante la explotación sexual de mujeres, principalmente jóvenes procedentes de La Virginia, en Colombia, localidad de origen tanto de O.O.O.R. como de sus hermanos.

En mayo de 2019, y siguiendo el reparto de tareas establecido por O.O.O.R., el acusado J.J.R., que residía entonces en La Virginia (Colombia), contactó con una amiga para ofrecerle viajar a España y ejercer la prostitución como forma de mejorar su situación económica. La propuesta incluía el adelanto de todos los gastos del viaje, como el pasaporte, los billetes de avión, alojamiento y la entrega de 1.000 euros para simular solvencia económica en su entrada al país.

Según la Fiscalía, las víctimas contrajeron una supuesta deuda de 3.000 euros que debían saldar mediante la prostitución, pese a que esa cantidad superaba con creces los gastos reales del viaje. El mismo método se aplicó a otras mujeres, algunas de las cuales entraron en España por terceros países para evitar controles. Ejercieron la prostitución en un piso de Toledo y en otras ciudades, siguiendo las instrucciones de los acusados, y debían afrontar pagos elevados por alojamiento y transferencias de dinero ordenadas por ellos.

Otra fuente de ingresos del grupo liderado por O.O.O.R. era la venta de cocaína a los clientes durante los encuentros sexuales. Para ello, O.O.O.R. se encargaba de mantener un suministro suficiente de la droga en cada una de las viviendas utilizadas.

Denuncia a la policía 

El 8 de diciembre de 2019, B. acudió voluntariamente a la Comisaría Provincial de Policía en Toledo para denunciar la situación de explotación que había sufrido. Fue atendida por la Brigada de Extranjería y Fronteras, quienes tomaron su declaración como testigo protegido y garantizaron la confidencialidad de sus datos. Posteriormente, recibió asistencia en un recurso del Centro de la Mujer de Toledo y fue derivada al Centro de Atención y Valoración Integral, dando inicio a la investigación policial que dio lugar al presente juicio.

El 10 de marzo de 2020 se realizó un registro domiciliario en la vivienda, en donde encontraron a una de las acusadas, C.A.O.G., su hijo, L. y dos mujeres. Cuando G.A.O.G se dio cuenta de la llegada de la policía, se dirigió hacia uno de los dos baños y se intentó deshacerse de la cocaína que guardaba en su habitación, destinada a la venta entre sus clientes para su consumo, cumpliendo así la planificación ejecutiva establecida por su hermano O.O.O.R.. Sin embargo, una dosis quedó flotando y otra cayó al suelo, por lo que la policía las recogió para su evaluación determinando que se trataban de 0,85 gramos de cocaína. 

En la habitación de G.A.O.G. también se encontró una dosis de 0,28 gramos de cocaína preparada para venta, junto a una báscula de precisión y 155 euros en billetes. Casi al mismo tiempo, se registró la vivienda habitual de O.O.O.R., A.K.P.N. y J.J.R., donde también se encontraban H. y L.M.M.L. Allí se incautaron 131,53 gramos de cocaína, recortes de plástico para preparar dosis y 1.760 euros en efectivo.

Finalmente, se registró una vivienda más en Algeciras en la que se incautó, entre otros objetos, una balanza de precisión similar a la encontrada en Toledo. 

Penas solicitadas

Por estos hechos, la Fiscalía solicita penas de siete años de prisión por cada delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual en concurso con explotación de la prostitución, un año por delito continuado contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y cuatro años y medio por delito contra la salud pública. Todos los acusados son considerados coautores de estos delitos.