“España va como un cohete”: El Gobierno de Sánchez empuja a Galicia a endeudarse por más de 1.700 millones de euros

El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado luz verde a nuevas operaciones financieras para varias comunidades autónomas, permitiendo a Galicia endeudarse a largo plazo por un importe máximo de 1.728,5 millones de euros y autorizando a la Comunidad de Madrid y a Extremadura a conceder garantías por valor de 154 y 13,5 millones de euros, respectivamente.

La decisión ha sido aprobada por el Consejo de Ministros y vuelve a poner de manifiesto la dependencia de las autonomías de la autorización del Ejecutivo central para poder afrontar sus compromisos financieros, en un contexto marcado por la falta de reforma del sistema de financiación autonómica y el aumento sostenido del endeudamiento público.

En el caso de Galicia, la comunidad solicitó permiso para formalizar deuda a largo plazo destinada a cubrir las necesidades financieras de 2026. Del total autorizado, 84,8 millones de euros corresponden al reintegro de los anticipos concedidos para aplazar el saldo pendiente de las liquidaciones del sistema de financiación de los años 2008 y 2009, un problema heredado que sigue sin una solución estructural por parte del Gobierno central.

Los 1.643,7 millones restantes se destinarán a hacer frente a los vencimientos ordinarios de operaciones de crédito ya suscritas por la comunidad gallega. Con esta autorización, Galicia podrá amparar estas operaciones hasta el 31 de diciembre de 2026, evidenciando el peso que siguen teniendo las decisiones de Moncloa sobre la autonomía financiera de las comunidades.

Avales para vivienda en Madrid

Por otro lado, el Ejecutivo ha autorizado a la Comunidad de Madrid a conceder garantías durante 2026 por un importe de hasta 154 millones de euros, correspondientes al remanente no utilizado de los importes aprobados para 2025 en el marco del convenio de reafianzamiento firmado con Avalmadrid en diciembre de 2024.

Estas garantías se destinarán a operaciones de financiación para la compra de suelo finalista destinado a la construcción de viviendas de protección pública, así como al programa ‘Mi Primera Vivienda’. Los beneficiarios serán promotores inmobiliarios y cooperativas con actividad en la región, además de jóvenes menores de 40 años, familias numerosas y monoparentales, y personas que accedan a una vivienda tras el nacimiento o adopción de un hijo.

Extremadura, también bajo el paraguas del Estado

En el caso de Extremadura, el Consejo de Ministros ha autorizado a la comunidad a otorgar garantías por un máximo de 13,5 millones de euros durante 2026. Estas se canalizarán a través de instrumentos como el Fondo de Cartera Jeremie Extremadura 2, dirigido a emprendedores, pymes, micropymes y emprendedores sociales.

Asimismo, parte de los avales se articularán mediante el Fondo de Garantía de Adquisición de Vivienda de Extremadura, destinado a personas menores de 35 años.

Estas autorizaciones vuelven a reflejar un modelo en el que el Gobierno central mantiene un férreo control sobre la financiación autonómica, mientras pospone una reforma profunda del sistema y continúa incrementando la deuda pública. Una política que, lejos de ofrecer soluciones estructurales, obliga a las comunidades a recurrir al endeudamiento con el visto bueno de un Ejecutivo cada vez más cuestionado por su gestión económica.