dos de cuatro comunidades del psoe, en contra
Tras Page, Barbón: otro feudo socialista se planta ante la financiación pactada con Cataluña a espaldas del resto de Comunidades
Asturias, gobernada por el PSOE, se suma a Castilla-La Mancha y marca distancias con un modelo que, a su juicio, no puede romper la solidaridad ni favorecer a unos territorios frente a otros a cambio de apoyo parlamentario. A diferencia de los castellano-manchegos, aclaran que antes de dar nada por sentado leerán "la letra pequeña".
El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón y el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.
El nuevo modelo de financiación autonómica impulsado por el Gobierno y pactado con los independentistas catalanes continúa acumulando críticas, esta vez desde dentro del propio PSOE. Tras el rechazo explícito del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ahora es Asturias —otro de los escasos feudos socialistas presidido por Adrián Barbón— la que cuestiona el acuerdo y advierte de sus riesgos.
Eso sí, a diferencia del más beligerante Page, el portavoz del Gobierno asturiano y consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, ha señalado este viernes que el Ejecutivo que preside Barbón no se posicionará sobre la reforma anunciada por María Jesús Montero hasta conocer la “letra pequeña” del modelo en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Una cautela que, sin embargo, viene acompañada de una advertencia clara: la ordinalidad es una “línea roja” para Asturias, al igual que declaró en presidente castellano-manchego.
“Hay que analizar dónde están las claves de la distribución de los recursos y si atienden al coste efectivo de los servicios o si, por el contrario, prima la ordinalidad”, ha subrayado Peláez, rechazando de forma expresa que este principio sea el que determine el reparto entre territorios. Una postura que podría entenderse como una especie de aviso ante lo que pueda venir. Ponerse la venda antes de la herida.
“Aún hay muchas cuestiones técnicas que no han sido aclaradas”
El Gobierno asturiano también ha cuestionado el procedimiento seguido por el Ejecutivo central. Según Peláez, la reforma “no puede ser un contrato de adhesión ni el resultado de una declaración bilateral” para después presentarla al Consejo de Política Fiscal y Financiera. “Deben ser escuchadas todas las comunidades autónomas”, ha recalcado, en una crítica directa al acuerdo previo alcanzado con Cataluña y no consultado con el resto de regiones, que tal y como han denunciado por ejemplo desde Madrid, la información desde el Gobierno se ha limitado a un power-point.
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Frente a un modelo que, según el Ejecutivo, beneficiaría a Asturias con 248 millones de euros más en 2027, el consejero de Hacienda ha insistido en que la clave no está solo en las cifras iniciales, sino en la evolución futura del sistema y en la existencia de mecanismos sólidos de solidaridad interterritorial. “Queremos ver la foto en su conjunto”, ha afirmado.
Peláez ha defendido que la financiación autonómica debe “poner el foco en las personas, no en los territorios”, atendiendo al coste real de los servicios públicos y a factores como el envejecimiento de la población o la orografía, elementos especialmente relevantes en comunidades como Asturias. Sin ellos, ha advertido, no puede garantizarse la igualdad en la prestación de los servicios públicos.
El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos y portavoz del gobierno de ASturias, Guillermo Peláez.
“Aún hay muchas cuestiones técnicas que no han sido aclaradas”, ha señalado el portavoz del Gobierno asturiano, que ha preferido esperar a la reunión del próximo miércoles del Consejo de Política Fiscal y Financiera antes de fijar una posición definitiva.
Con Asturias y Castilla-La Mancha son dos de cuatro regiones socialistas las que expresan su rechazo en mayor o menor medida. Algo reseñable teniendo en cuenta que las otras dos son Navarra, adherida al sistema de financiación autonómico pero un tanto diferente al tener un régimen foral, y la propia Cataluña.
Page y Barbón marcan distancias ante el pacto de financiación diseñado por el Gobierno para asegurar apoyos parlamentarios en Cataluña y evidencia la creciente fractura interna en el PSOE reforzando la idea de que el nuevo modelo favorece a un territorio concreto en detrimento del principio de solidaridad que debería regir el sistema.
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